El artículo analiza las relaciones entre empresarios organizados y el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador durante la pandemia COVID-19. El análisis se basa en fuentes hemerográficas y entrevistas a 40 empresarias y empresarios de varias regiones del país.

Se destaca que desde su primera campaña AMLO no tuvo la simpatía del empresariado mexicano, pero tras su triunfo electoral en 2018 hubo reconocimiento por parte de este sector y buscaron un acercamiento con el gobierno y se lograron reuniones con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN). Pese a los esfuerzos de entendimiento y aceptación, la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM) generó un desacuerdo al que se suman otros temas de confrontación surgidos en el contexto de la pandemia y que se detallan a continuación:

Cancelación de la construcción de cervecería Constellation Brands: Esta decisión tomada a través de consulta pública y respaldada por instituciones gubernamentales como CONAGUA, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Semarnat provocó un fuerte descontento entre el empresariado. La postura de AMLO de no hacer del agua un negocio lucrativo y la de los pobladores agrupados en la organización Mexicali Resiste, se impuso a través de consulta sobre los intereses empresariales. Ante la resolución el CCE emitió un comunicado de inconformidad en el que señalan la decisión gubernamental como arbitraria, autoritaria y unilateral, además le acusa de empeñarse en destruir la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros, y de violar los tratados económicos entre México y Norteamérica.

El CCE también afirmó en su comunicado que los datos de uso del agua en Mexicali estaban manipulados por activistas y autoridades malintencionadas, asimismo descalificó la consulta como válida jurídicamente. Declara que la señal enviada por México al mundo es que en el país no hay garantía para invertir, generar empleo y desarrollo.

La carta de AMLO a Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en solicitud de ayuda para cobrar a empresarios deudores al Servicio de Administración Tributaria, y la respuesta de éste:

El CCE destaca como la principal interlocutora del sector privado con el gobierno, agrupa grandes confederaciones y asociaciones de todos los sectores económicos. El día 8 de abril en su conferencia mañanera, AMLO informó que 15 grandes empresas adeudaban al menos 50 000 millones de pesos en impuestos por multas y recargos, además anunció que enviaría la lista de esos grandes contribuyentes deudores al presidente del CCE, Salazar Lomelín para que ayude a cobrarles, la respuesta de éste escaló la confrontación al declararse asombrado por no tener atribuciones para hacerlo y en tal caso implicaría violar la ley, por su parte reiteró su llamado a lograr un acuerdo entre gobierno, trabajadores, sector social y empresarios para realizar un plan de acción para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia, sin embargo las relaciones con el presidente se interrumpieron varios meses.

La reacción a las medidas sanitarias y económicas del gobierno para enfrentar la crisis: La disposición oficial de suspender actividades económicas no esenciales a partir de 26 de marzo, como medida sanitaria ante la pandemia, fue considerada por el empresariado como tardía y contradictoria, causa de decepción y descontento. Entre estas confrontaciones destaca la de actuación del acaudalo empresario Ricardo Salinas Pliego al hacer un llamado a desobedecer las recomendaciones sanitarias del subsecretario Hugo López Gatell; también la carta enviada a AMLO por parte de Francisco Alberto Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), para expresar la urgencia de acciones prontas ante la pandemia, tales como el apoyo a empresas que evitar cierres; también Jorge Rivadeneyra Díaz, presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación, llamó al presidente de México a reconsiderar su postura para frenar la recesión, y calificó de imposible el pago total de impuestos y contribuciones fiscales exigidas por el gobierno, propuso el pago gubernamental temporal de salarios y la creación de estímulos fiscales.

Por su parte, el CCE propuso al gobierno implementar 10 medidas contundentes e inmediatas para contrarrestar el decrecimiento vertical de la inversión, apoyar a las PYMES y preservar 21 millones de empleos. Dicha propuesta se organizó en los siguientes bloques principales: Asegurar liquidez en el mercado interno, estimular el consumo privado, facilitar y estimular la inversión privada, elevar el consumo y la inversión del sector público, y dar señales positivas a los mercados extranjeros. En este contexto, la postura de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), consideró que el presidente de la república dejó pasar mucho tiempo valioso y le exigió llevar a cabo las propuestas del empresariado para reducir la crisis económica.

Otra medida de presión para la implementación de la propuesta empresarial ante la crisis derivada de la pandemia fue la reunión virtual que tuvieron 2000 empresarios del norte del país con gobernadores de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Michoacán y Zacatecas, ahí se acordó pedir a AMLO la cancelación de las inversiones privadas destinadas a la Refinería Dos Bocas y el Tren Maya, para destinar estos recursos a la reactivación de la economía afectada la contingencia sanitaria.

El surgimiento del Frente Nacional Anti- AMLO (Frena): Esta organización surge en abril de 2020, en el contexto de la aparición de muchos otros movimientos de extrema derecha en el siglo XXI en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. De su líder Gilberto Lozano, se menciona su antigua dirección de Grupo Alfa y de la empresa Fomento Económico Mexicano (FEMSA), también la previa fundación del Congreso Nacional Ciudadano. Como objetivo básico de Frena se establece la dimisión del presidente López Obrador a través de la presión social ejercida por las clases medias urbanas y su presencia en medios de comunicación y redes sociales, consideran a AMLO un dictador comunista.

Entre otros integrantes de Frena se menciona a Pedro Ferriz de Con, Rafael Loret de Mola, Juan Bosco Abascal Carranza y Pedro Luis Martín Bringas. Sus líderes le presentan como un grupo donde convergen personas de todos los partidos políticos, empresarios, clases sociales y sectores del país. Entre las acciones del grupo se encuentran: la organización de marchas y protestas a bordo de vehículos en las grandes ciudades y lugares visitados por AMLO; el proselitismo a través de WhatsApp y redes sociales donde se conforman conexiones piramidales como en las ventas multinivel. En conclusión, el autor identifica en Frena un discurso contundente y desenfrenado, aunque contradictorio y poco consistente, afín al anticomunismo de la vieja derecha católica, que no oculta su homofobia, misoginia y xenofobia.

El anuncio de un plan de apoyo financiero del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y el Programa del Banco Interamericano de Desarrollo INVEST: Este suceso causó controversia porque anunciaba el otorgamiento de créditos a empresas hasta por 12,000 millones de dólares, pero se entendió que contaba con el respaldo de Hacienda y el presidente rectificó que el gobierno no daba el aval ante el riesgo de endeudar al país, además que mencionó su disgusto por el intento del empresariado y estos organismos para imponer sus planes. Antonio Del Valle Perochena, presidente del CMN, aclaró que Hacienda no es aval, y el programa está basado en recursos privados para empresas privadas sin que afecte a la deuda pública. La negativa del gobierno a respaldar esta iniciativa privada generó malestar y abonó deterioro de la confianza y la colaboración.

El Acuerdo de Confiabilidad de la Secretaría de Energía, que frena el desarrollo de energías renovables: El acuerdo establecido por la Sener recibió una serie de acusaciones dirigidas por el CCE, la American Chamber-México y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, entre las cuales señalaron que violenta el estado de derecho y atenta contra la legalidad y la certeza jurídica, ocasiona pérdida de empleo y confianza de inversionistas, además que la Sener usurpa facultades e incide ilegítimamente en las reglas del sector energético. La exhortación de estas organizaciones al gobierno fue respetar el marco jurídico, los instrumentos y tratados internacionales.

CONCAMIN y COPARMEX también publicaron comunicados que criticaron el decreto, por impedir en la práctica la inversión extranjera y nacional en proyectos de energías renovables, así como la generación de empleos. Además de estas agrupaciones empresariales, miembros de la Delegación de la Unión Europea en México manifestaron su preocupación por la suspensión indefinida del arranque de plantas de energías renovables y limitar la generación de centrales eólicas y fotovoltaicas en operación; en defensa de los intereses de inversionistas extranjeros 18 embajadores mandaron una carta a Sener para manifestarse en contra de la desincentivación de la inversión privada extranjera que afectaría 44 proyectos de energía limpia en 18 estados de la república. Hubo demandas judiciales de las empresas afectadas que han suspendido temporal o permanente los cambios.

A la inconformidad se sumaron siete gobernadores del noreste y occidente de México: Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Tamaulipas), Jaime Rodríguez Calderón (Nuevo León), José Rosas Aispuro Torres (Durango), Silvano Aureoles Conejo (Michoacán), José Ignacio Peralta Sánchez (Colima), Enrique Alfaro Ramírez (Jalisco) y Miguel Ángel Riquelme Solís (Coahuila). Crearon un frente común y exigieron al presidente la cancelación definitiva del Acuerdo de Confiabilidad de la Sener por restringir los proyectos de energías renovables, lastimar la confianza del empresariado y violar el Acuerdo de París. La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional también se sumó a la inconformidad de que con este decreto no se privilegia a las energías limpias, así mismo organizaciones ambientalistas como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Greenpeace e Iniciativa Climática de México denunciaron que el gobierno mexicano les apuesta a las energías fósiles en lugar de otras como la eólica o la solar, operadas por empresas privadas.

Conclusiones

Las medidas sanitarias y económicas adoptadas por el gobierno federal, durante los primeros meses de la pandemia, enfrentaron a los poderes político y económico.

La mayor parte del sector empresarial entrevistado considera que las medidas adoptadas fueron tardías e insuficientes.

La COPARMEX como en décadas atrás, es hoy la institución más contestataria y punta de lanza en la confrontación entre empresariado y gobierno, su presidente Gustavo A. De Hoyos Walther ha planteado la agenda de un propio Proyecto Alternativo de Nación.

Para los empresarios entrevistados, el principal desacuerdo entre ellos y el presidente tiene que ver con la visión de país defendida por cada actor. Consideran que hay desconfianza del presidente sobre la visión de país que tienen los empresarios y falta de confianza para construir juntos, y viceversa. Se identifica que hay una disparidad de concepciones sobre cómo enfrentar el problema de la pobreza, a sentir del empresariado AMLO quiere hacerlo con dádivas, en vez de trabajo y oportunidades. Los empresarios piensan que hay una impresión errada sobre quiénes son y el papel que les corresponde desempeñar, además de que no se les toma en consideración.