La defensa de los derechos humanos en contextos conservadores puede traer retos adicionales para las activistas que buscan la reivindicación y reconocimiento de sus derechos. En Guanajuato este tema es abordado por Mariana González y José Raymundo Sandoval, los autores caracterizan en este capítulo a las mujeres que se asumen como defensoras de los derechos humanos de las mujeres, establecen quiénes son, qué hacen y cuál es su contexto.

Se centran en el caso de Guanajuato porque es representativo de la resistencia frente al conservadurismo moral. En la investigación se realizaron entrevistas semiestructuradas a defensoras de la entidad y se analizaron cuáles son los retos para la comprensión de las identidades y formas de acción desde una perspectiva crítica y feminista.

Sandoval y González Piña hacen énfasis en la importancia de visibilizar a las mujeres en el estudio de los movimientos sociales y en su papel como defensoras de los derechos humanos, pues ellas han tenido que luchar por un espacio, incluso dentro del mismo movimiento de derechos humanos. Se hace mención de que, si bien, no todas las mujeres defensoras de derechos humanos defienden particularmente los derechos de las mujeres, sí están expuestas a formas específicas de agresión debido a su condición de género, como la violencia sexual, además de que es más probable que no se reconozcan sus aportes dentro de los movimientos.

Con respecto a los derechos humanos se distinguen dos categorías de locutores, es decir, personas que hablan sobre ellos. Primero, se encuentran aquellos que viven “de” los derechos humanos, con frecuencia son funcionarios u otras personas de la burocracia que mantienen privilegios derivados de las posiciones que ocupan. Para mantener estos privilegios deben ser mesurados y prudentes para no incomodar demasiado a los gobiernos, por ello, sus discursos suelen ser vagos. En esta categoría podrían entrar muchos organismos de derechos humanos. Por otro lado, se encuentran aquellos que viven “para” los derechos humanos, ellos se sacrifican por terceros y no dudan en exponer las cosas como son, sin temor de incomodar al Estado. En esta categoría entran los defensores de los derechos humanos.

En el caso de Guanajuato se han identificado diversos factores y grupos que obstaculizan el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. La existencia de dichos grupos ha sido documentada por el historiador Edgar González Ruíz (González Ruiz, 2011), quien ha señalado evidencias del grupo de ultraderecha El Yunque en Guanajuato desde 1940 y a partir de ahí ha descrito las formas en que estos grupos organizados de la derecha expresan su lucha contra el avance de los derechos de las mujeres.

Guanajuato que desde hace más de 30 años ha sido gobernado por el PAN, muestra tendencias conservadoras muy marcadas y se observa que gran parte de los actores gubernamentales ni siquiera buscan traducir sus creencias religiosas a lenguajes seculares y propagan valores tradicionales basados en la familia tradicional, heteronormativa y patriarcal. A pesar de esto, los autores mencionan que en la entidad se ha avanzado en términos de la institucionalización de la perspectiva de género y derechos humanos. Sin embargo, subrayan que muchas de las instituciones encargadas de abordar estos temas, como los institutos de las mujeres o las procuradurías de derechos humanos, sirven más a los intereses de quienes ocupan los cargos de dirección que a los fines para los cuales fueron creadas.

En las entrevistas realizadas a tres mujeres activistas destacan que la identidad de defensoras fue apropiada por ellas después de comenzar su activismo y después de haber entrado en contacto con el término. Este reconocimiento como defensoras da legitimidad a sus acciones. Con respecto a la institucionalización de los derechos de las mujeres, las entrevistadas señalan que las religiones (principalmente la católica) representan generalmente una obstrucción para alcanzar el pleno de los derechos de las mujeres, especialmente los sexuales y reproductivos. Además, resaltan el limitado efecto que el concepto de género ha tenido para las instituciones públicas y el incumplimiento del Estado en la integración de los derechos humanos (en general y particularmente de las mujeres) a la vida institucional y social, siendo dicho incumplimiento más una simulación que una negación explícita.

Las defensoras consideran su labor como indispensable para la sociedad y la democracia, ya que a través de sus acciones “hacen un aporte de esperanza, de dignidad, y de que es posible”, pues su trabajo no está limitado a un diálogo unilateral entre ellas y el Estado, sino que da pauta a una organización colectiva mediante la cual las personas se movilizan y exigen mejores condiciones de vida.

En este capítulo se menciona que Guanajuato presentaba índices delictivos relativamente bajos, por lo que se creía que no pasaba nada en el Estado. Esto contrasta de manera importante con lo que se vive en 2021, ya que Guanajuato atraviesa una crisis de seguridad como resultado, entre otras cosas, del auge de grupos criminales del narcotráfico en la región. Lo cual, ha generado una situación preocupante en torno a la defensa de derechos humanos, además, es una de las entidades con mayor número de feminicidios en el país.

Lamentablemente en el país, y en el caso de Guanajuato se observa una tendencia a que los actores institucionalizados que defienden los derechos humanos viven de los mismos, y los beneficios del funcionamiento de dichas instituciones no son significativos para grupos vulnerables. Además, en Guanajuato, de acuerdo con Barrientos (2020), se observa que muchos de los titulares de estos organismos son designados por el Congreso estatal, de mayoría panista, lo cual conlleva a que las personas asignadas al cargo tengan compromisos con el partido y genera redes que más allá de defender los derechos legitiman las acciones de los grupos en el poder.