En este ensayo se exponen, desde una perspectiva política y económica, los orígenes del Grupo Monterrey, las empresas que lo conforman, los empresarios regiomontanos y su relación histórica con el gobierno federal. Se enfoca en el periodo de 1970-1976 que comprende los años de gobierno del presidente Luis Echeverria Álvarez y su relación con la iniciativa privada, en concreto el Grupo Monterrey que representó dichos intereses durante ese sexenio.

Se enfatiza que en este periodo el empresariado mexicano, avalado con propuestas regiomontanas, inició una nueva relación con el gobierno caracterizada por el distanciamiento, el enfrentamiento y la sin razón. Se identifican como objetivos de las empresas de Grupo Monterrey: unificar a la iniciativa privada, distanciamiento del gobierno por considerar que no debía intervenir en la economía, ridiculización de acciones gubernamentales y considerarles populistas.

Los orígenes del Grupo Monterrey

El empresariado regiomontano destaca por ser uno de los grupos industriales con mayor antigüedad en México, aunque se consolidó y unificó como clase mucho antes que el resto de los empresarios nacionales. Entre 1850 y 1890 las fortunas de Monterrey se invirtieron en la industria y la minería, estos sectores tuvieron un auge durante el porfiriato por la articulación del mercado interno y la proximidad al mercado estadunidense, además que el ferrocarril convirtió a la ciudad en una de las mejor comunicadas, por si fuese poco, el gobierno de Bernardo Reyes entre los años de 1885 y 1909 favoreció las inversiones fabriles y atrajo capital extranjero mayormente estadunidense. Todos estos factores convirtieron a la capital de Nuevo León en un importante núcleo de desarrollo regional, y a su empresariado en uno de los grupos económicos más fuertes del país.

La fundación de Grupo Monterrey se data en 1890 con la fundación de la Cervecería Cuauhtémoc con capitales de la Casa Comercial Calderón y CÍA, Isaac Garza, Francisco Sada y José Muguerza. El éxito empresarial de la cervecería permitió su expansión a través de la creación de fábricas de corcholatas (Fábricas de Monterrey S.A.), vidrio (Vidriera de Monterrey S.A.) y cartón (Empaques de Cartón S.A.), todas controladas por VISA (Valores Industriales S.A., tenedora de Banca Serfin y dedicada a la producción de cerveza) que más tardé diversificó al sector metalúrgico creando HYLSA (Hojalata y Lámina S.A.) en 1942, el Instituto Tecnológico de Monterrey en 1943 para satisfacer sus necesidades de personal, y en 1945 entraron al negocio químico con CYDSA (Celulosa y Derivados S.A., fabricante de fibras acrílicas, plásticos y cubiertas de celofán). Esas empresas se destacan como base de actividades en el sector bancario y financiero, dando lugar al Grupo Cuauhtémoc (dirigido por Eugenio Garza Sada hasta su muerte en 1973).

Tras el asesinato de EGZ hubo un reordenamiento del conjunto empresarial familiar que se sustentó en los apellidos Garza, Sada, Muguerza y Calderón. En este contexto surgió VITRO (productora de vidrio) y ALFA (productora de acero, petroquímica, papel, empaque y alimentos), y comenzó un proceso de diversificación empresarial no relacionado. Entre 1974 y 1980 Grupo Monterrey creció notoriamente sus empresas, de 100 pasó a controlar alrededor de 385 en 1985.

Los empresarios regiomontanos y su relación con el gobierno federal

Debido a que el origen del empresariado regiomontano se desvincula del régimen emanado de la revolución, este grupo desarrolló una postura de fuerte oposición a las políticas gubernamentales por considerarles contrarias a sus intereses. Con una perspectiva regionalista, los esfuerzos industriales por lograr la autonomía regional se mantuvieron en tensión con los esfuerzos del gobierno central en afirmar su autoridad suprema. El grupo empresarial regiomontano se asoció desde entonces a una facción radical, diferenciada de la facción moderada representada por empresarios del valle de México.

Se registra que Grupo Monterrey ha reaccionado históricamente a las políticas presidenciales cuando se consideran contrarias a sus intereses, así fue con los gobiernos de Lázaro Cárdenas (1934-1940) y Adolfo López Mateos (1958-1964). La relación entre empresariado y gobierno central también desgastó con los presidentes Luis Echeverría (1970-1976) y López Portillo (1976-1982) que impulsaron una política a favor de los trabajadores y grupos populares, considerada populista.

En retrospectiva el autor identifica tres etapas de la relación entre la élite empresarial regiomontana y el gobierno central: Primera Etapa (1929-1969) o de Presión Intermitente; Segunda Etapa (1970-1986) o de Oposición Política Radical; y Tercera Etapa (1986-2000) o de Creciente Convergencia (sobre este periodo el autor no refiere más datos que su ubicación cronológica).

Primera Etapa (1929-1969) o de Presión Intermitente: En 1929, la discusión a la reglamentación del artículo 123 constitucional, motivó por parte de Grupo Monterrey la creación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) con el objetivo de proteger al sector privado del Estado en su afán por controlar las relaciones entre el capital y el trabajo. Tras la promulgación de la ley en 1931, empresariado impulsó la creación de sindicatos blancos bajo su control, esto para evitar la posible interferencia del Estado o grupos de izquierda.

Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940) se sitúa uno de los momentos históricos con mayor distanciamiento entre los empresarios regiomontanos y el gobierno federal, principalmente por la oposición de la iniciativa privada a sus políticas reformistas. Persistió un total rechazo al proyecto gubernamental de desarrollo industrial y las formas corporativas propuestas para la organización obrera. Sobresale como momento de tensiones, la intervención del presidente del país a favor de los obreros en huelga de la empresa vidriera en 1936. De la década de los cuarenta destacan los intentos del empresariado por controlar el gobierno estatal y municipal, y el aumento de tensiones por la intervención del gobierno federal en la empresa Cristalería, del Grupo Cuauhtémoc.

De la década de los cincuenta sobresalen las múltiples movilizaciones sindicales, así como protestas encabezadas por maestros y ferrocarrileros, pero la respuesta represiva del gobierno mantuvo al empresariado al margen de estos conflictos. Fue hasta los años sesenta cuando resurgen problemas entre empresariado y el gobierno federal presidido por Adolfo López Mateos (1958-1964), principalmente por la nacionalización de la industria eléctrica, la política de apoyo a la revolución cubana y la negativa al gobierno estadunidense de aliarse al bloqueo comercial.

Segunda Etapa (1970-1986) o de Oposición Política Radical: El autor precisa que la reacción a las políticas gubernamentales por parte del empresariado se intensificó en este periodo, alcanzando una violencia sin precedentes en la historia mexicana. Apenas ascendió a la presidencia Luis Echeverría en 1970, el empresariado dirigió ataques al gobierno federal, en medio de un rezago nacional en materia de educación, nutrición, seguridad social, vivienda, así como desempleo y productividad desigual de la mano de obra.

El 15 de diciembre de 1970 Roberto Guajardo, líder de COPARMEX, manifiesta su insatisfacción con la iniciativa presidencial enviada al congreso que reformaba y adicionaba leyes de impuestos. Los años siguientes la política gubernamental siguió siendo blanco de ataques, sobre todo en materia económica, aún más tras el incremento de la inflación interior en 1973. El clima inflacionario provocó quejas de la iniciativa privada, manifestaron su desacuerdo sobre la creciente inversión del estado en la economía, la escasa inversión privada, el rentismo, la política monetaria restrictiva y la especulación.

En esta etapa el empresariado regiomontano criticó fuertemente las protestas estudiantiles en auge nacionalmente, aunado a que en Monterrey se suscitaba una crisis social debida a la lucha universitaria por la autonomía y a las movilizaciones sindicales (minero-metalúrgico, telefonista y electricista) en defensa de mejoras salariales. Esta situación local propició en 1972 la renuncia del gobernador Eduardo Elizondo, personaje muy vinculado al sector privado. El mismo año la visita de Salvador Allende a México propició ataques al régimen presidencial por parte del empresariado, en consecuencia 80 asociaciones empresariales (de Nuevo León, Puebla y otras ciudades) se quejaron de que se haya invitado al país a un gobernante socialista, y tras su asesinato por el golpe de estado, también se criticó que el gobierno mexicano declarara tres días de luto nacional y se diera asilo a políticos de izquierda en la embajada mexicana en Chile.

Otro episodio irascible para el empresariado regiomontano fue la muerte de Eugenio Garza Sada en 1973 tras un intento de secuestro fallido perpetrado por la Liga Comunista 23 de septiembre. En el funeral del empresario, al que asistió el presidente Echeverría, Ricardo Margain Zozaya (presidente del Consejo Consultivo del grupo industrial de Monterrey) señaló que solamente se puede actuar impunemente cuando se ha perdido el respeto a la autoridad, cuando el estado deja de mantener el orden público, cuando se deja el libre cause de negativas ideologías y se les permite cosechen sus frutos negativos de odio, destrucción y muerte. El empresariado regiomontano mantuvo, durante ese sexenio, una profunda oposición a la política económica gubernamental, entre sus inconformidades mezclaron el asesinato de EGZ, con la inflación y las protestas laborales.

Las presidencias de CONCAMIN, CANACINTRA y COPARMEX mantuvieron su objetivo firme de frenar los aumentos salariales. En mayo de 1975 se integra el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), conformado por dirigentes de la CONCAMIN, CONCANACO, COPARMEX, Asociación de Banqueros, Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y la Asociación Mexicana de Instituciones de Negocios. La postura central de esta asociación empresarial fue que la economía corresponde particularmente a los particulares, mientras la recesión acontecida en el país siguió siendo motivo de señalamiento hacia el presidente, quien les criticó por no crear instituciones para el desarrollo económico y social de la población marginada del Área Metropolitana de Monterrey.

Conclusiones

Si bien desde la década de los treinta y hasta los años sesenta existieron confrontaciones entre el empresariado regiomontano y el gobierno federal, fue durante el gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) que las tensiones se agravaron y sus políticas fueron catalogadas como populistas por parte de las múltiples asociaciones empresariales conformadas como grupos de oposición política en defensa de sus intereses económicos, contrarios a la participación del estado en la economía.

El autor concluye que la posición de la iniciativa privada representada por Grupo Monterrey se distanció del gobierno para lograr el poder económico a toda costa, preocupada por su beneficio propio. Considera que el empresariado tuvo un pobre desempeño durante ese periodo, pese a que se beneficiaron con mejoras en infraestructura, aportaciones tributarias, gozaron de las ganancias derivadas de la especulación y la inflación, pero ante su prosperidad se dedicaron a criticar la política económica y cuidar sus intereses. Mientras la mayoría de las empresas base y holdings que conforman Grupo Monterrey, lograron consolidarse durante el sexenio de Echeverría.