Dra. Margarita Favela Gavia. Investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM.
El mundo entero está ante la posibilidad de cambiar de rumbo. La pandemia de la Covid-19 puso de relieve, con gran agudeza, a las fuerzas del orden neoliberal, mismas que al moverse potenciaron el signo letal de la enfermedad en su sentido social: la rapiña, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y la muerte como negocio. Esto que se ha hecho evidente, indica que la pandemia todavía no se ha convertido completamente en conciencia social para generar el cambio que necesitamos, pero puede hacerlo. Mucho depende de lo que los ciudadanos hagamos para informarnos sobre los costos y la verdadera naturaleza de las medidas privatizadoras, que son la esencia del neoliberalismo y el núcleo de la corrupción extendida por todo el planeta, con las respectivas diferencias geográficas.
En México, el gobierno iniciado en diciembre de 2018 se comprometió a llevar lo más lejos posible ese cambio de conciencia, al punto de significarlo como parte de las grandes transformaciones que han ocurrido en la historia política de este país. La meta es mayor, porque implica no solo dejar de incurrir en las prácticas, lamentablemente ancestrales, de patrimonialismo y clientelismo; no sólo se requiere perseguir y castigar a quienes insisten en llevarlas a cabo, e incluso a quienes lo hicieron en el pasado reciente –cosa por lo demás complicada, dadas las salvaguardias legales que ellos mismos crearon para protegerse–; el propósito más radical y profundo es desterrar de la mentalidad ciudadana, que comprende igual a empresarios, consumidores y burócratas, la idea de que aquella forma de hacer política es la única que funciona.
Han sido tantas décadas, tantos gobiernos en que el accionar público y el privado estuvieron “aceitados” –decían– por las prácticas del “moche”, del “amiguismo”, de “saltarse la fila”, de “pasarse de listo”, que es una verdadera revolución de las conciencias pensar que esas prácticas pueden ser completamente desterradas y que la sociedad va a marchar, no sólo bien, sino mejor de lo que lo ha hecho hasta hora.
Es sin duda un gran avance de esta transformación haber cumplido poco más de dos años de gobierno mostrando con hechos que el combate a la corrupción es posible y altamente redituable para el bien común. Los ahorros e ingresos recaudados permitieron el desarrollo de obras y programas sociales que han detenido la tendencia de deterioro de la vida social que hace tres años parecía imparable. Los cambios han empezado apenas a marcar una nueva ruta, y esa es la que debemos profundizar, ampliar y fortalecer, para consolidar una vida pública –y privada– que permita continuar disminuyendo los atroces niveles de desigualdad, injusticia y violencia que alcanzamos en décadas pasadas.
“ Es sin duda un gran avance de esta transformación haber cumplido poco más de dos años de gobierno mostrando con hechos que el combate a la corrupción es posible y altamente redituable para el bien común. ”
Es evidente que esta transformación no puede llegar a su meta sin la activa y consciente participación de la ciudadanía, no sólo en el sentido de estar vigilante y denunciar los actos de corrupción, o cualquier ilegalidad e injusticia, sino en el acto más directo e íntimo de lograr un absoluto convencimiento de que vivir de manera honesta es deseable, posible y benéfico. Implica desterrar la idea tan hondamente arraigada, de que quien es honesto es tonto y estará siempre en la pobreza, padeciendo injusticias.
El cambio de fondo más significativo es reconocer que la honorabilidad y la honestidad son potentes; no son solamente conductas omisas, sino fuerzas de colectividades que actúan de manera conjunta y determinada.
La elección presidencial de 2018 fue la expresión contundente del poderío ciudadano, al punto de lograr doblegar tendencias y prácticas institucionales que por décadas habían falseado las preferencias partidistas, alterando resultados de los comicios. Esa hazaña debe ser repetida en las elecciones federales intermedias que ocurrirán en junio del presente año.
Tradicionalmente la presencia en urnas para elecciones intermedias es significativamente menor (entre 10 y 20% en las últimas décadas), que cuando está en juego la designación del Jefe del Ejecutivo. Y ha sido así porque el sistema político de nuestro país era marcadamente presidencialista. No sólo por razones de orden legal, que le dotaban de facultades mayores a los de otras latitudes, sino porque el funcionamiento del sistema político en su conjunto, basado en la corrupción, el corporativismo partidista y el fraude electoral, hacía del Presidente el factotum de la vida pública. Ello derivaba en la subordinación de los otros dos poderes del Estado –Legislativo y Judicial– que se hallaban completamente subordinados a las dinámicas y necesidades de aquel otro. Ambos poderes han experimentado cambios, pero no han alcanzado aún la autonomía que se requiere para que funcione adecuadamente el sistema de vigilancia y contrapeso entre ellos, lo cual es parte consustancial de la repúblicas liberal-democráticas. En ambos casos se requiere que la ciudadanía reclame, denuncie y exija que, junto con el sistema de administración de justicia, estos aparatos del Estado cumplan sus funciones constitucionalmente definidas.
La jornada electoral que se nos avecina es por ello una oportunidad fundamental para hacer avanzar el fortalecimiento del poder Legislativo Federal en el sentido de ser el ámbito de representación por excelencia de la ciudadanía. Una de las mejores acciones con que contamos quienes conformamos el pueblo trabajador para incidir en la toma de decisiones, es hacer que nuestros representantes legislativos lleven a cabo la tarea de crear normas legales que mejor responden a nuestros intereses y necesidades, así como ejercer una supervisión del cumplimiento de los planes de gobierno que el Poder Ejecutivo ha ofrecido en campaña, desbrozando todas las brechas posibles para lograr el avance de la transformación por la que votamos en 2018.
“ La jornada electoral que se nos avecina es por ello una oportunidad fundamental para hacer avanzar el fortalecimiento del poder Legislativo Federal en el sentido de ser el ámbito de representación por excelencia de la ciudadanía. ”
Conseguir una alta participación y refrendar la decisión ciudadana del cambio tiene dos significados y dos consecuencias inmediatas muy importantes, concatenadas, pero diversas. Por un lado, confirma que las políticas y programas instrumentados para combatir la corrupción, disminuir la desigualdad y proteger a la población con menos recursos, además de ofrecer buenos resultados económicos –baja inflación, estabilidad cambiaria, crecimiento económico– ha sido positivamente recibida por la población en general, en especial la beneficiaria, que lamentablemente es la mayoría. Por otro, se revela que la política de comunicación del gobierno federal, a pesar de sus debilidades, ha logrado romper la barrera de la desinformación propagada por casi la totalidad de los medios masivos, impresos, radiofónicos y televisivos, fortaleciendo así el debate entre todas las capas de la población y mejorando la clarificación política de la población, permitiéndose la diferenciación entre discursos electorales y acciones de gobierno. Esto último indicaría que para la población está dejando de ser un cliché la idea de que en campaña se ofrece el cielo y en la realidad se entrega el infierno. Sería un indicador de la creciente madurez del electorado mexicano que recupera la memoria reciente y está dispuesto a exigir el cumplimiento de las ofertas electorales.
Además de estas implicaciones, una amplia participación electoral dotaría al poder Legislativo de la capacidad de ser la herramienta para llevar adelante reformas más de fondo y de largo aliento, en el sentido de revertir decisiones de administraciones pasadas que, en varias dimensiones, dieron lugar a atracos legales contra la Nación y en otras más, crearon agencias públicas costosísimas, supuestamente independientes y autónomas, que en realidad están subordinadas a los intereses privados que deberían controlar. Ambos cambios, que deben ser solventados con reformas constitucionales, solamente pueden llevarse a cabo si la ciudadanía se manifiesta clara y contundentemente en favor de profundizar el sentido de la acción que el gobierno de la 4T propuso y ha estado llevando a cabo a lo largo de estos poco más de dos años de ejercicio.
Quedaría pendiente entre otros elementos de transformación del funcionamiento de los órganos del Estado, la reforma sustancial al sistema de administración de justicia, que incluye no solo la acuciosa revisión y limpieza de personal del Poder Judicial, para identificar a quienes lejos de aplicar la ley, se benefician de actos de injusticia y corrupción, otorgando amparos a diestra y siniestra, retrasando procesos, y fabricando culpables; sino también, y de manera principal, para mejorar el funcionamiento de las fiscalías, con una depuración profunda de sus cuerpos y un aumento de personal altamente capacitado para enfrentar la larga y penosa deuda hacia quienes sufrieron de violencia y múltiples maltratos en el pasado reciente; además de hacer frente a las crecientes capacidades de la delincuencia en México, especialmente la de cuello blanco y la “organizada”.
En la labor de profundizar el debate político de la ciudadanía, ampliar su conciencia pública y reforzar su capacidad de identificar y elegir, para mejorar su participación en la toma de decisiones, los universitarios tenemos un gran compromiso que cumplir. Estas líneas esperan contribuir en esa dirección.
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