Revista Tlatelolco, PUEDJS, UNAM
Vol. 1. Núm. 1, julio-diciembre 2022
La Revista Tlatelolco tiene dos apellidos que configuran su identidad: democracia democratizante y cambio social. Los dos apellidos colocan el debate en una concepción de la democracia en donde se disputa tanto el proceso como el fin de la misma democracia. Desde su subtítulo da cuenta que la democracia no sólo es proceso, ni tampoco es cualquier tipo de proceso. Al no ser solo proceso, debe pensarse también en el marco de los cambios sociales que produce o el statu quo que reproduce. Tal perspectiva desde sus entrañas encierra una disputa con la visión (neo)liberal de la democracia.
Pero el sentido de la democracia hay que historizarlo para entender por qué es importante tener un espacio para reflexionar crítica, utópica y activamente sobre la democracia en América Latina y el Sur Global como es la Revista Tlatelolco.
La transición a la democracia en América Latina en el último cuarto del siglo XX se realizó bajo la restricción de los poderes fácticos internos (las élites militares y las élites económicas), y externos (la imposición de EEUU como poder hegemónico frente a la debacle del socialismo, mediante la estrategia del Consenso de Washington). Todo esto supuso el relegamiento de la izquierda radical y la adopción de un discurso normativo minimalista sobre la democracia, que se asumía así como mercado electoral, donde la ciudadanía quedaba relegada al ejercicio del voto.
Pero este intento conservador de restringir la democracia no es nuevo. Recordemos que Alexis de Tocqueville en su libro “La Democracia en América” señaló que el motivo de estudiar la democracia en Estados Unidos era que sus instituciones garantizaban que no sucedan cambios sociales radicales como la Revolución Francesa. En este marco, la democracia adquiría un sentido de reproducción del statu quo, en donde los cambios sociales sólo deberían ser realizados gradualmente y sin violencia. Esto implicaba un sistema que institucionalice la transformación o, en aquellos territorios donde no hayan sucedido cambios radicales, mantener lo establecido.
Epistémicamente tal perspectiva implicaba una separación disciplinar: la democracia debe ser estudiada en sí misma, sin importar sus resultados. El surgimiento de las ciencias políticas no es fortuito ni tampoco la hegemonía de un tipo de economía matematizada que abandonó toda perspectiva de economía política.
En términos académicos existen autores que sostendrán y sostienen que a la democracia no se le tiene que pedir igualdad, empleo, movilidad social, reducción de la pobreza, democratización de derechos sociales. En tal perspectiva, la democracia debe ser evaluada principalmente en la medida de que garantice reglas de juego procedimentales iguales para que todo ciudadano tenga el derecho de elegir y ser elegido libremente en un juego de competencia electoral transparente.
Si analizamos la historia de los últimos años del desarrollo capitalista, por ejemplo, se puede constatar que aquellos países de Asia que mejores logros económicos han conseguido son justamente los que no han respetado las reglas de juego de la libre competencia electoral o que sistemáticamente se han configurado en dictaduras. ¿Dictaduras sin pobres y democracias con indigentes? Si bien existen muchos nudos gordianos que se deben desatar, Latinoamérica ha venido planteando un camino para resolver el dilema: democracia o revolución. Hagamos un recuento del momento disputado y la propuesta que parece desprenderse de los gobiernos nacional-populares, de izquierda o progresistas que arribaron en la región a principios del nuevo milenio.
América Latina está en disputa. En efecto, si bien hubo una interpelación al neoliberalismo con la llegada al poder de gobiernos con una agenda contraria al Consenso de Washington en la región (lo que el exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, denominó la primera “ola de gobiernos progresistas”), también es cierto que hubo una arremetida de estrategias conservadoras y de recomposición neoliberal en donde –ya sea por golpes de Estado, por procesos destitutorios ilegales e ilegítimos, por traiciones políticas flagrantes a las promesas de campaña y a lo que pueblo votó en las urnas, por procesos electorales viciados por nuevas modalidades de intrusión de actores extranjeros o de corporaciones mediáticas con claros intereses políticos y empresariales– llegaron al poder institucionalizado gobiernos que volvieron a conducir a la región por el camino de la acumulación para pocos y la desposesión para las grandes mayorías.
La reconcentración de la riqueza y el incremento de la desigualdad económica son de los síntomas más notorios del neoliberalismo, pero no los únicos: porque a la par de estas dinámicas la derecha se apalancó en la intolerancia contra la igualdad, en el retroceso en derechos (en asuntos de género, sociales, el racismo y la xenofobia, etc.), la privatización de los bienes públicos y la acumulación por desposesión.
Además, la derecha conservadora demostró que en la era de la aceleración, estas estrategias resultaron ser más eficaces que en décadas pasadas. Así, por ejemplo, Mauricio Macri, Lenín Moreno, Michel Temer, Jair Bolsonaro o Jeanine Áñez demostraron que la “CEOcracia”, la “bancocracia” o la “mediocracia” necesitan cada vez menos tiempo para llevar a cabo procesos de enorme concentración en pocas manos. Lo que en los ochenta o noventa del siglo pasado les hubiese tomado varios lustros ahora se realiza en apenas un periodo de gobierno o incluso menos. No obstante, la llegada de Alberto Fernández en Argentina, Manuel López Obrador en México, Luis Arce en Bolivia, así como la victoria por dejar atrás la Constitución de la dictadura en Chile, la victoria de Gabriel Boric en dicho país o la de Xiomara Castro en Honduras son señales que parecen dar cuenta de una “segunda ola de gobiernos progresistas”. No sólo aquello, a los procesos señalados se deben sumar los procesos electorales que se vive en Colombia y en Brasil en donde Gustavo Petro y Lula da Silva lideran las encuestas electorales presidenciales. Ni larga ni corta “noche neoliberal” ni tampoco “interregno progresista”. No se trata de puntos extremos, sino un continuo de disputas. Unas que tampoco finalizan -ni sus conquistas- cuando el progresismo alcanza el gobierno. Se trata de una batalla constante por definir la orientación y sentido de nuestros regímenes políticos, económicos y de nuestras sociedades.
En 2019, Bolivia sufre un golpe de Estado luego de que Evo Morales – presidente electo hasta enero de 2020– ganó por más del 50% las elecciones de octubre de ese año. Un quiebre institucional que se perpetró gracias a la reinstalación del más potente injerencismo de EE.UU. vía la Organización de Estados Americanos (OEA). En Brasil, las elecciones que llevaron a Jair Bolsonaro al poder se realizaron luego del encarcelamiento del principal líder político, Lula da Silva, y una política de amedrentamiento hacia partidos y organizaciones de izquierda sin precedentes, salvo lo visto en las dictaduras. Además, la nueva derecha que se inaugura con la destitución espuria a Dilma Rousseff, sumó al despojo de las clases populares, el fascismo social, el ecocidio ambiental y la destrucción de las comunidades aborígenes que habitan el Amazonas. En Ecuador, desde mayo de 2017, se observa una recomposición neoliberal conducida por Moreno y su alianza gubernamental con las élites oligárquicas y empresariales del país y los oligopolios de la comunicación. La coalición neoliberal puso una Corte de Justicia a “dedo” para despojar de sus derechos políticos a Rafael Correa y los principales líderes progresistas del país, seguros ganadores en unas elecciones libres, para impedir que retornen al país y participen en la vida política. Los resultados fueron claros: el retorno de la plutocracia del Opus Dei al poder del Estado encarnado en el banquero Guillermo Lasso. Todas estas experiencias han mostrado ser claros ejemplos de las nuevas estrategias conservadoras autoritarias que están implementándose en la región. Lo que he denominado irónicamente –en otras ocasiones- como “dictaduras democráticas o dictaduras electorales”: falsas democracias sin Estado de Derecho ni de derechos.
En estos casos, se pasa por alto el imperio de la ley y la legitimidad basada en las normas o en arreglo a valores democráticos. En esta descomposición de la democracia se observa el nuevo papel que están desempeñando los poderes judiciales y las fuerzas de seguridad públicas. A través de la judicialización de la política y la politización de la justicia se dio inicio a una guerra contra los que resisten y se oponen a los proyectos neoliberales, especialmente sus líderes y figuras emblemáticas. Se usa la institucionalidad judicial para la aniquilación o muerte pública y política de los considerados “enemigos” de la embestida neoliberal.
El caso paradigmático constituye lo sucedido con el Juez Sergio Moro en Brasil, quien luego de condenar a Lula da Silva y no permitir que participara en el proceso electoral, fue nombrado Ministro de Justicia y Seguridad Pública en el gobierno de Jair Bolsonaro. No basta con encarcelarlos, también es necesario mancillar su honra y buen nombre para que nunca más se les ocurra intervenir en política, una que suponga arengar a las mayorías populares para defender sus demandas. Algo similar sucedió con el vocal del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, Luis Verdesoto, que luego de liderar el proceso de bloqueo a la participación del expresidente Rafael Correa hoy preside de la Dirección Anti-corrupción que creó el actual presidente Lasso.
El equivalente a lo que en las dictaduras del siglo XX fueron “muertes físicas”, en el nuevo milenio lo constituyen las “muertes públicas”: para matar la política y aquellos que quieren ejercerla a favor de las grandes mayorías. Y cuando esto no alcanza y se requiere imprimir un papel más garante del orden neoliberal y sus intervenciones (un papel más represivo) vuelven a aparecer las policías, gendarmerías o las fuerzas armadas jugando un rol arbitral en los destinos de la democracia.
Se trata de un protagonismo que vuelve a subvertir la primacía de lo civil sobre lo militar. Las jerarquías castrenses se transforman nuevamente no solo en protagonistas ineludibles de la política doméstica sino en decisores de última instancia y representantes de las élites nacionales y los intereses económicos extranjeros. Su calidad única de detentar el monopolio del uso legítimo de la fuerza las transforma en actores claves de proyectos que suponen transferencias ingentes de recursos hacia los más ricos. Las fuerzas de seguridad pública en la mayoría de los países siguen revelando su enorme grado de intervención en la vida de nuestras aún lábiles democracias y en la resolución de conflictos propios del mundo político y económico. Sin ser un punto menor, una infeliz coincidencia fue que las regresiones autoritarias mencionadas coincidieron con la presidencia de Donald Trump en EE.UU. quien en el mes de noviembre de 2020 pierde las elecciones frente al demócrata Joe Biden por más de 5,7 millones de votos.
Pero en la otra cara de la moneda, en México, en Argentina, en Chile, en Perú, en Honduras ―Manuel López Obrador, Alberto Fernández, Gabriel Boric, Pedro Castillo y Xiomara Castro― dejan entrever que una segunda ola de gobiernos progresistas puede recorrer una vez más la región. No solo aquello, como bien señaló el novísimo presidente de Argentina, estos gobiernos “no estamos solos”. La ola de movilizaciones y protestas sociales que viene experimentando la región da cuenta de un hartazgo generalizado que viven nuestras sociedades, en donde se demandan cambios estructurales. Quizá una de las corrientes más importantes en términos de demandas estructurales de transformación social constituye el movimiento de mujeres y el movimiento feminista que recorre a lo largo de la región y que busca poner fin al patriarcado en todas las esferas sociales. Nos referimos al surgimiento del movimiento “Ni Una Menos” y la “marea verde” de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto; las insurgencias en las universidades chilenas o en México contra los acosos y abusos en esos ámbitos institucionales educativos; las protestas por la paz en Colombia y en Brasil; “Ele Não” contra Jair Bolsonaro; la rebelión contra el patriarcado en las comunidades indígenas y los juicios de Abya Yala a la justicia patriarcal, por nombrar algunos importantes. Si bien en el presente escenario hay algunos gobiernos de derecha en la región, existe una indignación manifiesta y extendida en el sentir de los pueblos, que se ha evidenciado en las calles de Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia, Haití, Perú y Guatemala. Tal indignación ya ha tenido repercusión en procesos electorales en donde corren nuevamente vientos de progresismo.
Por una parte, después de un año en el gobierno de facto de Jeanine Áñez Chávez, Luis Arce, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, retorna al poder democrático al vencer en una sola vuelta con el 55,11% de los votos válidos. En Chile luego de movilizaciones masivas de larga duración, sin precedentes en la historia de la región luego de las dictaduras del siglo XX, se conquistó la posibilidad de hacer un plebiscito para reformar la Constitución. Con un 78% la ciudadanía decidió cambiar la Carta Magna y será la primera vez desde 1833 que la Constitución ha sido redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular. Tal proceso vino acompañado de la victoria de Gabriel Boric con el 55.87% de los votos frente al ultraderechista Kast. Asimismo, la victoria del profesor y dirigente sindical José Pedro Castillo y la victoria de Xiomara Castro en Honduras, primera mujer presidenta de Centroamérica, a 12 años del golpe de Estado que derrocó al expresidente Manuel Zelaya, también resultan emblemáticas.
En el marco de esta disputa, caractericemos aquello que parece ser un patrimonio de la región en el ámbito del debate democrático: la democracia como igualdad y su correlato, la igualdad democrática.
Si bien en la historia de los últimos cien años los países han hecho cambios abruptos y radicales eliminando la democracia, durante los primeros lustros del presente siglo los gobiernos de izquierda de la región hicieron transformaciones significativas en democracia.
Claramente esto no fue producto del azar. La desigualdad del ingreso y de la riqueza se redujeron durante casi 3 lustros de los últimos veinte años. Tal fenómeno no fue mágico. Fue consecuencia de acciones deliberadas de gobiernos que generaron procedimientos democráticos redistributivos. Es claro, por ejemplo, que mientras los gobiernos de ideología de izquierda, nacional-populares o progresistas generaban procesos redistributivos que favorecían a las clases medias y a las grandes mayorías populares al redistribuir el patrimonio, los gobiernos de derecha, neoliberales o conservadores tenían procesos (re)concentradores (o redistributivos para las minorías opulentas) antidemocráticos: pro-elite económica y en contra de las clases medias y las clases populares (Gráfico 1). Asimismo, se puede constatar que la pobreza cayó el doble de rápido en los gobiernos de izquierda que en los gobiernos de derecha.
Gráfico 1. Cambio en la participación de la riqueza según ideología de gobierno, 2000-2020
Fuente: (WID, 2000-2020). Elaboración: Propia.
Nota: Los presidentes analizados de corte progresista, de izquierda o nacional-popular son: Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Lula da Silva, Dilma Rousseff, Evo Morales, Rafael Correa, Tabaré Vázquez, José Mujica, Michelle Bachelet, Fernando Lugo, Hugo Chávez Frías, Nicolás Maduro, Fidel Castro, Raúl Castro, Daniel Ortega, Manuel Zelaya, Mauricio Funes, Salvador Sánchez Cerén, Jean-Bertrand Aristide. Por otra parte, los gobiernos de derecha neoliberales que se contemplaron fueron: Mauricio Macri; Michel Temer y Jair Bolsonaro; Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez; Lenín Moreno; Jorge Batlle; Sebastián Piñera Echenique; Horacio Cartes-Mario Abdo B.; Enrique Bolaños Geyer; Elías Antonio Saca; Álvaro Uribe; Juan Manuel Santos; Vicente Fox; Felipe Calderón; Enrique Peña Nieto; Alejandro Toledo; Alán García; Ollanta Humala; Pedro Pablo Kuczynski-Martín Vizcarra; y Michel Joseph Martelly.
Ramírez, R. (2022). Quien parte y reparte, ¿se queda con la mejor parte? Las derechas y las izquierdas en la distribución del pastel en América Latina, 2000-2020. CLACSO.
A primera vista se podría concluir que no se necesita de revoluciones para generar mayor igualdad, ni tampoco de prescindir de la democracia como sucedió en ciertos países asiáticos. No obstante, una lectura más profunda encierra una disputa política de mayor alcance. El legado histórico de la denominada primera ola de gobiernos populares resulta ser que “sólo puede haber revolución en democracia, porque la revolución no es otra cosa que la radicalización de la democracia”.[1]
Con el neoliberalismo, el capitalismo gobierna a la democracia. América Latina, en contra sentido, vuelve a unir algo que se suele separar, no solo académicamente sino políticamente: el modo de acumulación del régimen político democrático. La “democracia como igualdad” -diría García Linera, a lo que añadiría la “igualdad como democracia”-, es patrimonio de nuestra América y es una semilla puesta por sus pueblos que continúa viva y creciendo. El ataque a la democracia, en lo que constituye una suerte de regresión autoritaria neoliberal, se da en el momento histórico no solo de la crisis del capitalismo y cambio del eje hegemónico sino en el marco de una tendencia sistemática en la región a generar procesos de igualación social y democratización de derechos, como se pudo ver en los primeros lustros del nuevo milenio. Tal proceso constituyó una amenaza para las oligarquías que dejaron de acumular a la velocidad que lo venían haciendo, pero sobre todo dejaron de ordenar y dirigir lo que se debía hacer en cada país. Esto demostró que no se puede pensar en radicalizar la participación en la toma de decisiones en las diferentes esferas sociales (mercado, Estado, familia y comunidad), sin pensar la socialización igualitaria de la materialidad.
Para esto hay que ir mucho más allá de la democracia (neo)liberal representativa. En el segundo sentido, el de la igualdad como democracia, tampoco se puede pensar mejorar la distribución material sin que participe en la decisión la ciudadanía o los colectivos involucrados. La separación o divorcio de tales procesos, en donde hay participación sin igualdad o igualdad sin democratización de la participación en la toma de decisiones, puede construir subjetividades que operen en sentido conservador y hasta autoritario. Si bien se podría decir que la democracia como igualdad se desprende de los gobiernos progresistas, la igualdad democrática es producto de una praxis histórica de los movimientos sociales que demandan no solo mayor bienestar y derechos sino también ser autores y cómplices de sus destinos al tomar decisiones sobre los asuntos que les corresponde. Con diferentes tropiezos, y hasta retrocesos, se caminó a la construcción de una democracia como igualdad y a una igualdad democrática.
Tal mancomunidad entre democracia e igualdad elimina la falsa disyuntiva entre igualdad y reconocimiento. En términos de horizonte, no debe haber reconocimiento con distancias indignas en la distribución de la materialidad. Asimismo, no debe haber igualdad sino existe el reconocimiento del otro o la otra como igual en el marco de la construcción de porvenires compartidos. Para que exista igualdad de género debe no solo existir igual intensidad de voz en la toma de decisiones, sino que ésta no será posible si no existe la materialidad que garantice que la voz no sea de tono bajo o que vuelva a ser silenciada. Si no se cumple a plenitud la coherencia entre democracia e igualdad seguramente prosperará o no se eliminará la dominación.
A su vez, la sostenibilidad de los cambios está relacionada con lo democrático que sea el proceso. Esto también permite echar abajo la ilusoria dicotomía entre participación y eficacia del cambio, porque en el mediano plazo, si el proceso no es democrático no hay ciudadanía que lo defienda. El retorno de gobiernos progresistas que parece vislumbrase en la tercera década del nuevo milenio quizá sea producto del fenómeno mencionado. De no ahondarse tales procesos, la izquierda deberá contener el levantamiento de la derecha, quienes buscarán hacer su propia radicalización en el sentido de profundizar la concentración del poder y de la riqueza. Así lo demuestra la historia reciente de las experiencias gubernamentales de recomposición neoliberal y conservadora que arrasaron con los bienes comunes construidos por gobiernos progresistas.
Lo señalado no constituye una transición ni una consolidación a la democracia, pero sí puede constituir un retorno a nuevas formas de autoritarismo. Pero lo que se plantea en la región es sobre todo trascender a la mirada instrumental de la democracia porque ésta es un fin en sí misma, pero que debe ser evaluada también en tanto y en cuanto genera una comunidad política integrada, democratizando el poder al democratizar las condiciones materiales que permitan la posibilidad de un mutuo reconocimiento al momento de tomar decisiones sobre los destinos colectivos.
En el marco de lo que constituiría una segunda ola de gobiernos anti-neoliberales es clara la necesidad de analizar críticamente lo que fue la primera ola de gobiernos progresistas, de debatir y trabajar en nuevas narrativas e ideas que permitan disputar los sentidos comunes neoliberales que tan hondo han calado. ¿Por qué? Existen –entre otros– al menos dos factores compartidos que parecen suceder en la región y que es necesario superar para configurar un proyecto político de largo plazo. Primero, si bien es importante tomar consciencia de la tragedia de la “tierra arrasada” que involucra a los gobiernos neoliberales, es igualmente importante superarla. Las experiencias gubernamentales progresistas han emergido cuando los gobiernos de derecha saquean al país. Es poco usual que un gobierno de izquierda en la región asuma el poder cuando la economía está radiante, sana y próspera en términos del bienestar que proporciona a la población. Tanto es así –y, aquí el segundo punto– que incluso cuando llegaron los gobiernos progresistas a conducir el poder del Estado y mejoraron las condiciones de vida de su población (al disminuir pobreza, desigualdad y democratizar derechos), se generó en todos los casos una porción de la clase media que asumió una posición no solo anti-gobiernos populares, sino anti-igualitaria (Ramírez, 2020).
La Revista Tlatelolco nace en esta coyuntura. En la coyuntura de transición hegemónica y crisis de acumulación en el marco de la emergencia de proyectos políticos y sociales que disputan el poder del Estado y la transformación social, para trascender la democracia liberal y el neoliberalismo, pero en el marco de la re-emergencia de nuevas formas de asedio a la democracia que también buscan re-instalar formas de autoritarismo que les permitan recuperar la tasa de ganancia del capital.
La Revista Tlatelolco nace para generar pensamiento crítico académico que permita reflexionar profusamente sobre las disputas políticas nacionales, regionales y mundiales que vive América Latina, el Caribe y el Sur global en la disputa de la defensa de la democracia (algo impensable en la literatura académica que señaló que no se volvería a hablar de procesos autoritarios) y del sentido que adquiere el mismo.
¿Qué integración permite configurar con mayor probabilidad una democracia democratizante? ¿Qué Estado se requiere para democratizar la democracia? ¿Qué rol juegan los movimientos sociales en la disputa de la democracia y en la democratización del bienestar? ¿Qué militancia se debe auspiciar para consolidar la democratización de los partidos? ¿Son democráticos los partidos políticos? ¿Son democráticos los movimientos sociales? ¿Qué proyectos de desarrollo consolidan una democracia sustantiva? ¿Modelos extractivos permiten consolidar o no democracias sustantivas? ¿La esfera digital es un espacio democrático que coadyuva a la democratización de la democracia? ¿Qué procesos artísticos y qué arte genera democratización de la creatividad y emancipación social? ¿Es compatible democracia y capitalismo? ¿Qué impacto tiene el cambio en el hegemón mundial sobre la soberanía de las democracias de la región? ¿Qué tipo de modernidad o qué cambios en la modernidad se requiere para democratizar la democracia? ¿Qué tipo de cultura política es necesario construir para fortalecer los procesos de democratización y profundizar los cambios iniciados por los gobiernos progresistas?
La Revista Tlatelolco: democracia democratizante y cambio social abre sus páginas para contribuciones en esta dirección: reflexiones para remover las conciencias anquilosadas, críticas contra el absolutismo de la realidad, disidencias frente a la dictadura del presente, embates de la imaginación contra la desidia, de la utopía contra el desencanto, del deseo contra la resignación que nos conmina a aceptar como natural el actual estado de la democracia. En esta ampliación del campo de batalla, publicamos tanto artículos provenientes de investigaciones académicas como ensayos fundamentados, con el único criterio de la amplitud de miras y el rigor de la crítica certera.
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[1] Para leer argumento completo ver: García, A. (2020). Los retos de la democracia en América Latina. En J. Ackerman, y R. Ramírez (Eds.). La disputa por la democracia en América Latina: Perspectivas y desafíos en una era de transformación social global (pp. 59-65). PUEDJS-UNAM.
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