1. Introducción

Una cooperativa es una organización social en la cual un grupo de personas en condiciones de igualdad se unen para la satisfacción de sus necesidades de forma democrática y autogestiva. Como sabemos, el origen moderno de las cooperativas se ubica en Inglaterra, donde surgió como respuesta a la crisis social producida por la forma predominante de organización del trabajo y la distribución de sus beneficios. El modelo cooperativo europeo tuvo un amplio y reconocido éxito por lo que se expandió hacia diversos países incluido México. Las cooperativas al estar construidas con valores éticos de solidaridad y democracia promueven la equidad, la igualdad, la autoayuda, el progreso social y económico de todas las personas que las integran. Buscan la asociación económica entre iguales y en propiedad solidaria, fomentan la superación de la extrema división jerárquica del trabajo, y generan una distribución más equitativa del ingreso. Para lograr la consecución de dichos objetivos las cooperativas se rigen por los siguientes principios y valores: afiliación voluntaria y abierta; gestión democrática por parte de los miembros; participación económica de los miembros; autonomía e independencia; educación, formación e información; cooperación entre cooperativas; y preocupación por la comunidad (ACI, 2013). Estos se encuentran consagrados en la Declaración de la Alianza Cooperativa Internacional e integrados, con carácter vinculante en la Recomendación Núm. 193 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La legislación mexicana reconoce la existencia jurídica de las cooperativas y las define como “una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios” (LGSC, 2016). La definición anterior está en sintonía con la aportada por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) para quienes una cooperativa es “una asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común mediante una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada” (ACI, 2021). Como se observa en las dos definiciones anteriores hay un reconocimiento de la doble dimensión de las cooperativas, como empresa y como organización con fines sociales, así como de la importancia de su gestión democrática y solidaria. Las cooperativas son, a nivel mundial, un sector social y económico relevante, según la Alianza Cooperativa Internacional (ACI, 2021) existen más de 3 millones en el mundo, participa más del 12 % de la población, y generan ingresos de 2035 billones de dólares anuales. De acuerdo con el análisis realizado por Rojas Herrera, J.J. (2021) en México existen un poco más de 8 millones de personas agrupadas en 18 mil 038 cooperativas, esto representa el 7.39% de la población mexicana.

El número de cooperativas existentes en un determinado país depende de diversos factores dentro de los cuales podemos mencionar: la existencia de gobiernos democráticos, la existencia de un alto nivel de organización social; cultura de solidaridad y apoyo; conocimiento de otras experiencias cooperativas, y de las teorías que las sustentan; así como la necesidad de satisfacer necesidades que, por las condiciones económicas imperantes, no han podido satisfacer como quisieran, además de la legislación en turno (Rojas, 2003).

Este artículo es un estudio de carácter histórico, la información aquí vertida fue obtenida a partir de una revisión documental basada en una diversidad de fuentes, desde investigaciones académicas, libros históricos, informes oficiales, recomendaciones, hasta notas periodísticas, pasando por entrevistas y conversaciones informales con personas socias cooperativistas. Por ende, el enfoque que adoptamos es interdisciplinario, haciendo dialogar los aportes de la historia y la administración en torno a la historia cooperativista y democrática en México. A continuación, se presentan cuatro pautas históricas que nos permiten entender el desarrollo de la conformación de cooperativas en México y su aportación en la democratización del país.

2. Primera pauta: Sociedades mutualistas y gremios de artesanos

La expansión del movimiento cooperativo desde Europa hacia diversos países, incluido México, es una realidad, empero, no podemos hablar de un movimiento uniforme que contenga las mismas ideas cooperativas, sino que, por el contrario, las cooperativas y sus formas de organización varían de acuerdo con las particularidades de cada país y a la influencia concreta de cada doctrina, así, coexisten múltiples tipos de cooperativas a lo largo del mundo. En nuestro país los valores cooperativos, democráticos y solidarios no son nuevos, la historia mexicana está llena de experiencias que permitieron ensayar formas colectivas de organización para la satisfacción de las necesidades de quienes las conformaban. Uno de los antecedentes más antiguos e importantes es la existencia de los calpullis aztecas, el pueblo mexica tenía una visión del mundo en la cual se concebía a la Naturaleza como un todo y a las personas como parte de ese todo. En los calpullis encontramos trazos de valores y principios democráticos y cooperativos, en este sentido, al ser una unidad social, promovía la participación comunitaria democrática, la integración y la solidaridad, contaban con una identidad fuerte y su producción estaba realizada de forma colectiva.

Sin embargo, vamos a considerar como el referente directo más antiguo de las cooperativas en México a las agrupaciones de artesanos y a las sociedades mutualistas conformadas durante el periodo colonial.  Los cambios sociales producidos a partir de la revolución industrial, que tuvo origen en Inglaterra a finales del siglo XVIII, llegaron también a nuestro país, por lo que artesanos y campesinos se vieron obligados a vender su fuerza de trabajo como asalariados. En el periodo que va de los años 1821 y hasta 1860 los sectores minero y agrícola experimentaron un moderado crecimiento. Respecto al primer sector, entre 1821 y 1850 llegaron a México compañías inglesas, alemanas y estadounidenses para hacer grandes inversiones de capital en las explotaciones mineras; en el segundo sector, las haciendas y ranchos experimentaron un crecimiento, sobre todo, en la producción de azúcar. Fue así como los campesinos y artesanos empezaron a asociarse ante la imposibilidad de competir con los grandes empresarios. En principio el movimiento de organización estuvo a cargo de los oficiales, maestros de los gremios y propietarios de pequeños talleres, ya que fueron paulatinamente desplazados por la nueva industria.  Por ello, las primeras asociaciones de trabajadores en México son de carácter gremial y mutualista (Muniz y Alanís, 2020).

A partir del siglo XVII las ideas propagadas por los pioneros europeos cooperativistas -Peter Cornelius Plockboy (1620-1700); Jhon Bellers (1654-1725); Robert Owen (1771-1858); William King (1786-1865); Charles Fourier (1772-1835); Jean Baptiste Adré Godin (1817-1888); Philippe Buchez (1796-1865 o 56); Saint Simón (1760-1825); Louis Blanc (1812-1882); Herman Schulze Delitzsch (1808); Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1864)-  encontraron diversos espacios en los que pudieron crecer y volverse realidad. Existía un campo fecundo para estas propuestas en la población, debido a que las condiciones de vida de la mayoría continuaban siendo precarias. Ejemplo de ello es la experiencia de la Sociedad de los Justos Pioneros de Rochdale que se desarrolló en Inglaterra. La cual es considerada como uno de los principales ejemplos que permitieron constatar que las cooperativas son una opción real de mejoramiento en la calidad de vida de quienes se encuentran en condiciones de explotación. Dicha experiencia cooperativa cobró vida en el año de 1844 debido a la iniciativa de veintiocho obreros de una fábrica textil. Estaban desesperados por encontrar en un entorno de crisis y de carencia, una manera de satisfacer sus necesidades de consumo y las de sus familias, por ello, retomaron principalmente las ideas de Robert Owen y William King y crearon una cooperativa de consumo con sus propios recursos, cada miembro aportó una cantidad que les permitió comprar alimentos al mayoreo y con ello pudieron adquirir su despensa a menor precio, posteriormente, se financiaron con bonos que vendieron a la población en general. Consideraban que el trabajo es la fuente de la riqueza, y que el capital es el medio que permite realizar el trabajo, por lo que decidieron que la cooperativa debía obtener ganancias las cuales se generarían a través de las ventas de la tienda (Lambert, 1961).

Por otro lado, en Alemania además de las cooperativas de crédito promovidas por Herman Schulze-Delitzsch surgió otra experiencia identificada como Movimiento cooperativo rural alemán (Vargas, 2015), su principal líder fue Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888), quien era partidario de ideas socialistas y cristianas, promovió como máxima el principio de ayuda propia o autoayuda. Creía que el cambio y la mejora en la calidad de vida de las personas marginadas sólo vendrá de ellas mismas, quienes organizadas en grupos de entre 600 y 3,000 personas podían generar cooperativas de producción, consumo y crédito. Raiffeisen ayudó a fundar la Sociedad de Socorros de Flammersfeld en el año de 1864, esta organización tenía como fin ayudar a agricultores necesitados. Además, en el año de 1876 creó el Instituto Central de Crédito alemán ya que consideraba que el crédito era uno de los principales obstáculos que las cooperativas debían de superar. Para Raiffeisen las cooperativas deberían buscar la prosperidad moral e intelectual de quienes las conformaban, y no el beneficio económico. Con base en sus ideas cristianas fomentó la máxima de ayúdate a ti mismo y ayudémonos los unos a los otros (Mladenatz, 1969).

Así, estas experiencias e ideas europeas sobre sociedades cooperativas empezaron a ser incorporadas y replicadas en México.  Campesinos y artesanos de diversas actividades productivas comenzaron a organizarse y asociarse para enfrentar de mejor forma las consecuencias del capitalismo. Incluso las autoridades mexicanas vieron en estas formas cooperativas de asociación una alternativa a la pobreza. Concretamente fue el 10 de septiembre de 1846 cuando el ministro de relaciones exteriores Manuel Crescencio Rejón reconoció el derecho de los mexicanos de asociarse, y el 1 de febrero de 1856 Ignacio Comonfort publica un decreto sobre establecimiento de colonias agrarias. Gracias al reconocimiento del derecho de asociación se logró que diversos grupos de artesanos y campesinos se conformaran en mutuales y sociedades, ejemplo de ello es la Sociedad Particular de Socorros Mutuos, conformada en 1853 en la Ciudad de México por un grupo de sombrereros (Muñiz y Alanís 2020).

Posteriormente, hacia finales de la década de 1860 se conoce plenamente en el país el funcionamiento interno y los éxitos económicos del cooperativismo impulsados en Europa. Así, en la década de 1870 empezaron a surgir varias organizaciones que tenían como fin y forma de organización la ayuda mutua y la defensa de los intereses comunes, como las cajas de ahorro, las sociedades agrícolas y las sociedades de socorros mutuos. Estas organizaciones se caracterizaban por la solidaridad, pudiéndolas ubicar, como lo mencionan Muñiz y Alanís en una etapa de organizaciones. Algunas de estas organizaciones son por ejemplo la Sociedad Cooperativa «Unión y Progreso» conformada en 1871, la cual pertenecía al ramo de rebosaría. Por otro lado, el 3 de marzo de 1872 se trasformó la Mutua Sociedad Progresista de Carpinteros en sociedad cooperativa recibiendo el nombre oficial de Compañía Cooperativa de Obreros de México y a finales de dicho mes se presentaron las bases constitutivas de la sociedad (Muñiz y Alanís 2020). A principios de la década de 1870 se desarrolla una gran promoción de los beneficios del cooperativismo y su necesaria adopción como forma organizativa. Es así como en noviembre de 1872 en un discurso con motivo del aniversario de la sociedad de rebocería su líder Juan Mata Rivera habló de la necesaria transformación de las sociedades mutualistas en sociedades cooperativas.

Finalmente, de acuerdo con lo expuesto podemos decir que el cooperativismo en México se nutrió de organizaciones previas como fueron las mutuales y las organizaciones de artesanos gremiales. Hacia la década de 1870 muchas organizaciones mutuales o gremiales se renombraron como cooperativas, sin embargo, en la práctica cotidiana seguían teniendo características de mutuales, así como rasgos de organización gremial jerárquica y funciones incipientes de sindicalismo (Olvera, 2001).

3. Segunda pauta: El Gran Círculo Obrero de México

Durante los primeros años de la década de 1870 un grupo de artesanos y obreros comenzaron a reunirse para formar una asociación que tuviera como finalidad proteger sus intereses. Pretendían que su organización fuera capaz de defenderles, y principalmente la estabilidad de sus ingresos, oponiendo a la fuerza del capital la solidaridad de los trabajadores. En dicho contexto fue fundado El Gran Círculo Obrero de México en el año 1872. Estaba conformado por artesanos, industriales, intelectuales, profesionistas, agricultores y obreros. Su aspiración se centraba en la consigna Igualdad entre capital y trabajo, por lo que demandaban a sus patrones salarios justos y precios razonables para sus productos. La relación con el gobierno era de diálogo y solicitaban leyes a su favor que les permitiera el fomento de sus industrias. Aseguraban que su independencia sería el resultado del ahorro colectivo, la educación y le daban un gran peso a la moralidad de quienes participaban.

Asimismo, para septiembre de 1873 surge el Primer Taller Cooperativo en la Ciudad de México dedicado a la sastrería, fue el primer taller que utilizó el nombre de cooperativa debido a sus lineamientos y alcances, estuvo integrado por 26 sastres y su sede fue la capital del país. Sin embargo, debido a la división entre sus dirigentes y a la falta de educación cooperativa, cerró sus puertas tres años después en el año de 1876. Es así como se forma en México la primera cooperativa de producción (Muñiz y Alanís, 2020).  Entre los objetivos de este taller cooperativo estaban: mejorar la situación social y económica de la clase obrera;  proteger  a  la  clase  obrera  del  capitalismo  y  de  los  maestros  de  talleres; formar una gran familia obrera; ayudar a los obreros en sus necesidades; proteger la producción artesanal;  formar  una  red  de  contactos  entre  los  obreros  de  los  Estados  y  la capital de la República;  Hacer  conscientes  a  los  obreros  de  sus  derechos  y  obligaciones,  respecto a las artes y oficios. Considerando los objetivos planteados, se puede inferir que si bien las asociaciones de trabajadores ya eran denominadas cooperativas, eran más bien una mezcla de mutualismo y cooperativismo, esto debido principalmente al desconocimiento de los principios universales del cooperativismo por parte de quienes las conformaban (Méndez, 1978, visto en Muñiz, y Alanís, 2020).

Posteriormente, la influencia del Gran Círculo Obrero de México y las ideas europeas propiciaron la conversión de diversas mutuales en cooperativas, dicha influencia la podemos constatar con la creación de tres organizaciones: la Compañía Cooperativa de Obreros de México en el año de 1874, con la Fraternal de Sombrereros, y con la Sociedad Reformadora Sombrerería Mexicana La Huelga. Así mismo, en el año de 1876 se constituyó la Asociación Cooperativa de Consumo de Obreros Colonos creada por trabajadores ferroviarios de la colonia Obrera Buenavista en la Ciudad de México.

En los años posteriores a la época del Gran Círculo Obrero de México los ideales de cooperación, solidaridad y democracia promovidos por las cooperativas mexicanas y por las noticias de los éxitos de cooperativas europeas tuvieron un gran eco en el sector obrero, artesanal y agrícola. Así, el espíritu cooperativo fue retomado en los ideales de la Revolución Mexicana, ello fue reflejado en los planteamientos de Ricardo Flores Magón (1873-1922), Francisco I. Madero (1873-1913) y Emiliano Zapata (1879-1917).

4. Tercera pauta: El Partido Nacional Cooperativista

La tercera pauta histórica del cooperativismo y su vinculación con la democracia se da en un contexto permeado por los ideales de libertad, igualdad y justicia que se buscaron con la Revolución Mexicana de 1910 y que años después se vio consolidada en la Constitución de 1917. Así, con esta ley por primera vez se reconocían derechos sociales y democráticos para el pueblo de México, principalmente podemos hablar de las garantías individuales y del rechazo total a la reelección presidencial (Martínez, 2013). La Revolución Mexicana es un momento histórico decisivo para la historia del cooperativismo y la democracia en nuestro país.  En un primer momento se logra el derrocamiento del presidente Porfirio Díaz a manos de Francisco I. Madero, esto es posible debido a la organización social y a la toma de conciencia de la necesidad de cambio en la gran mayoría de la población mexicana que vivía en extrema pobreza. Posteriormente Francisco l. Madero logra llegar al poder y ordena el desarme de las diversas facciones. En ese momento Emiliano Zapata consideraba que el nuevo presidente carecía de interés para ayudar al campesino y lo catalogaba como traidor. Finalmente, en un tercer momento ocurre lo que es conocido como "La Decena Trágica" donde hay un levantamiento armado que lleva a Victoriano Huerta al poder, y posteriormente llega la huida de Huerta y el triunfo de los constitucionalistas sobre los convencionalistas (Martínez, 2013).

Así, en un contexto revolucionario de incertidumbre, pobreza, explotación y desigualdad es que se conformó el Partido Nacional Cooperativista (PNC) en el año de 1917, teniendo como líder al general Jacinto B. Treviño (1833-1971). Dicho partido político estaba apoyado principalmente por obreros de la industria textil, ferroviarios, trabajadores de tranvías, así́ como estudiantes y profesores (Ramírez, 1936). Para 1920 el PCN se adhirió al proyecto político de Álvaro Obregón y éste le brindó oportunidades para que finalmente pudiera colocar sesenta lugares en la cámara de diputados y algunos en la cámara de senadores, además de lograr cinco gubernaturas, como la gubernatura de San Luis Potosí́, precedida por Prieto Laurens, así como casi todos los ayuntamientos del Distrito Federal, lo que le permitió mantener una influencia importante en el gobierno de Obregón (Rojas, 1983). Empero, el éxito del PNC no duró mucho, a finales de 1923 decidieron apoyar la candidatura y posteriormente el levantamiento de Adolfo de la Huerta, quien era opositor al candidato obregonista Plutarco Elías Calles, por consiguiente, cuando Huerta fue derrotado el PNC desapareció́ junto con su líder. El fin del PNC no fue un gran golpe al movimiento cooperativo mexicano, debido a que en realidad no fue un partido que estuviera realmente vinculado a cooperativas de base, la mayoría de quienes convocaron su constitución fueron intelectuales que no tenían una práctica cooperativa y posteriormente se sumaron políticos y periodistas sin un mayor ejercicio cooperativo (Martínez y Rojas, 2003). Tras la desaparición del PNC las cooperativas continuaron surgiendo, sobreviviendo y desapareciendo, tanto en el campo como en la ciudad, en esa época no existió ningún marco jurídico específico para su regulación.

5. Cuarta pauta: Legislación cooperativa mexicana

Recordemos que el derecho cooperativo en México tiene como sustento jurídico los artículos 5º y 9° de la Constitución, en ellos se consagran las garantías y el derecho de libertad de trabajo y asociación, así como la libertad de toda persona para dedicarse a la actividad que más le acomode. Asimismo, se establece que este derecho puede ser limitado solamente por decisión de una autoridad judicial, así como el derecho de asociarse libremente con un fin lícito. En principio, recordemos que fue bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles -considerado el pionero del cooperativismo en nuestro país- cuando se creó por primera vez una ley específica para la creación y regulación de las cooperativas en México. Así, el 23 de febrero del año 1927 se aprobó la primera ley sobre cooperativas. En ese momento, tanto obreros como campesinos, artesanos y estudiantes, mostraron interés en la conformación de cooperativas y el ejercicio democrático que se promovía en ellas. Esta ley reconocía la existencia de cooperativas tanto agrícolas como industriales y de consumo. Sin embargo, en el Código de Comercio de la época continuaban presentes artículos que se referían a las cooperativas como empresas, y no se hacía una distinción específica de las mismas, lo que provocaba una confusión con la empresa de tipo sociedad anónima (Izquierdo, 2009).

Posteriormente, la segunda ley cooperativa fue creada en el año de 1933, dicha ley fue creada a partir de diversos elementos de legislaciones de otros países. Fue así como se incorporaron los valores cooperativos establecidos en el Congreso Cooperativo Internacional celebrado en Viena en el año de 1930. Así, por primera vez se hacía una distinción entre cooperativas de productores, de consumidores y cooperativas mixtas. Asimismo, con dicha ley se reguló la integración del movimiento cooperativo mediante la estructuración de federaciones y confederaciones.

Esta segunda ley cooperativa reconocía a las sociedades cooperativas agropecuarias como una valiosa herramienta de la reforma agraria. Sin embargo, más que como unidad productiva y de organización social democrática, se le consideró como un instrumento de acción política que mantenía a quienes les conformaban alineadas y dependientes de las políticas del Estado. Es decir, las cooperativas fueron tratadas como fuente de capital político por los grupos en el poder y fueron conducidas de forma paternalista, lo anterior dio como resultado la subordinación y la corporativización de las cooperativas mexicanas. Esta segunda ley fue derogada cinco años más tarde en el año de 1938 debido al contexto mexicano, y en particular a quienes le gobernaban, ya que requerían tener mayor influencia sobre las cooperativas (Izquierdo, 2009). Para el año de 1938 el presidente Lázaro Cárdenas promulgó la tercera ley para la regulación de las cooperativas, con ella, empezó la época de mayor auge y promoción de estas en nuestro país. Con la tercera ley se logró la mayor creación de cooperativas en la historia mexicana, tanto en el campo como en la ciudad; “Durante el sexenio cardenista se autorizó el registro de cerca de mil cooperativas en las que se incorporaron 131,739 socios, cifras que en aquel momento representaron un verdadero récord” (Izquierdo, 2009, p. 103).

Sin embargo, fue evidente que la gran mayoría nacieron de forma equivocada, es decir, no surgieron por la decisión y organización autogestiva democrática de las personas socias, o por una consciencia de su poder colectivo, tampoco contaban con identidad común, ni con arraigo a sus comunidades. Aunado a lo anterior, la confianza y la democracia no eran elementos centrales de su constitución, por lo que, como regla general, la creación de cooperativas se realizaba con incipientes lazos colectivos. Las personas socias únicamente se juntaban con el fin de obtener los recursos económicos que el Estado otorgaba si cumplían con el requisito de constituirse como cooperativa, esta situación las llevó a ser manipuladas por líderes políticos que las utilizaban como bases de apoyo para obtener beneficios personales.

Con esta tercera ley se permitieron los mayores niveles de intromisión por parte del Estado en las cooperativas, y un alto grado de verticalidad en la toma de decisiones, quedando la democracia solo en el papel, pero no en la práctica, así como corrupción, clientelismo e incompetencia en las cooperativas. La tercera ley cooperativista es conocida como la Ley Cardenista. Dicha legislación fortaleció la sujeción del cooperativismo a la tutela del Estado y propiciaba que los organismos de integración cooperativa se desmantelaran, dando paso a una nueva estructura de representación basada en federaciones estatales únicas, y una sola confederación nacional, la cual estaba alineada a los intereses del Estado. En el año de 1942 se fundó la Confederación Nacional Cooperativa (CONACOOP) dedicada a la integración cooperativista desde una perspectiva del Estado. Cabe recordar que, las leyes creadas en torno a las cooperativas pueden por un lado fortalecerlas y promocionarlas o, por el contrario, limitar su creación, así como el desmantelamiento de las existentes. En este sentido, Rojas Herrera, J.J.  (2014), especialista en cooperativismo de la Universidad Autónoma de Chapingo, en su libro La formación del movimiento cooperativo en México: Antecedentes organizacionales y momento constitutivo expresa su preocupación en relación con la coorporatización de las cooperativas promovida desde la ley:

Una de las formas de expresión más burdas fue consagrada por la Ley General de Sociedades Cooperativas de 1938 y, luego confirmada por la de 1994, y tuvo que ver con las mal llamadas “cooperativas de participación estatal” en las que la práctica de los principios cooperativos no eran más que ficción, pues se obligaba al socio a ingresar a ellas sin informarle mayor cosa, como condición imprescindible para recibir servicios. La imposición de directivos y funcionarios públicos como gerentes o como miembros del consejo de administración era la divisa principal en torno a la cual giraba esta figura jurídica, hasta llegar a la utilización del movimiento cooperativo como trampolín político por líderes banales” (Rojas, 2014, p. 62).

Así, Rojas Herrera, (2014) señala que la Ley General de Sociedades Cooperativas creada en el año 1938 y retomada en el año de 1994 jugó un papel determinante en la creación de seudo cooperativas y en su posterior cooptación. Aunado a estas dos consecuencias, dicha ley permitió que el sector empresarial se beneficiara de las subvenciones dirigidas a las cooperativas, esta situación fue evidente desde el año de 1920 y hasta principios de la década de 1990. Otra particularidad de la historia cooperativa en México es que durante la guerra cristera muchas de las cooperativas de ahorro y préstamo rural se unieron en la lucha contra el gobierno Callista. Por ello, el Estado a finales de la década de 1920 canceló definitivamente la posibilidad de crear legalmente una cooperativa de ahorro y préstamo, esta restricción tuvo vigencia hasta el año de 1991. Cabe destacar que la Iglesia católica históricamente ha tenido una gran presencia en las cooperativas de ahorro y crédito y han funcionado con un elemento de cohesión en las mismas.

En los años siguientes, desde principios de la década de 1950 hasta la década de 1980, se toleró a las cooperativas de ahorro y préstamo con la condición de no estar involucradas en actividades políticas. Algunas de las principales consecuencias de dicha decisión estatal fueron que las cooperativas de crédito y ahorro se desintegraran, o que estuvieran en la ilegalidad, debido a esta situación tampoco pudieron promover el desarrollo de cooperativas en otros sectores. El apoyo paternalista del Estado hacia las cooperativas terminó en el año de 1994 con la promulgación de la cuarta Ley General de Sociedades Cooperativas, dicha ley se encuentra vigente hasta nuestros días, la última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero del año 2018. Esta nueva ley permitió el desmantelamiento de la estructura corporativa creada con la ley anterior, caracterizada por los altos niveles de corrupción y clientelismo que promovía. La promulgación de la nueva ley fue suscitada por múltiples factores, entre los que destaca un contexto internacional cada vez más capitalista, así como la existencia de seudo cooperativas, y el mal manejo realizado dentro de las cooperativas.

Entre los principales cambios realizados a la ley de 1938 podemos mencionar los siguientes: eliminación del poder de vigilancia por parte del ejecutivo; acceso a los organismos jurisdiccionales a nivel local y regional, para que puedan resolver, de manera más ágil, las controversias que se susciten; la desconcentración del registro, ejercida en cada Estado, incluso a nivel municipal; simplificación administrativa; obligatoriedad de capacitación, tanto cooperativa como de aquellos aspectos que de alguna manera coincida con su principal actividad productiva; necesidad de facilitar un acuerdo de desarrollo económico y comercial con acceso al financiamiento; preservación de los principios y derechos de previsión social; y, sobre todo, una sólida organización que permita la integración cooperativa a nivel nacional (Izquierdo, 2009).

Según palabras de Izquierdo Muciño, (2009) “otro aspecto trascendente de esta ley lo fue el hecho de considerar el ámbito económico de estas empresas, esto es: que en lugar de mencionar que las cooperativas no debían ser lucrativas o especulativas, se estimó conveniente que se manejaran sin limitar su participación «de manera discriminatoria» respecto a otras sociedades, pudiendo además participar en todos los campos de la economía, sin limitación alguna y con acceso a financiamientos con respaldos de garantía, con lo cual se deja entrever el giro que da este tipo de empresas cooperativas, se les abrió el campo dentro de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo para manejorar los pequeños capitales de sus socios, en obras y acciones conjuntas para propiciar el ahorro” (Izquierdo Muciño, 2009, p. 104).

La LGSC promulgada en el año de 1994 generó, por un lado, la liberación de las cooperativas de la tutela estatal, permitiendo la recuperación de su capacidad de autogestión interna, limitando los requisitos y los impedimentos burocráticos para su creación y gestión. Además de crear las condiciones legales para la integración nacional de las mismas. Sin embargo, esta ley dejó a las cooperativas desamparadas en un mercado cada vez más capitalista, y las puso a competir en un mercado netamente abierto, bajo condiciones desiguales, sobre todo en el acceso al financiamiento y subvenciones. No existió un proceso de transición entre la tutela completa del Estado, y el abandono de los instrumentos y ayudas que recibían por parte de éste, limitando y condenando a las mismas. Fue en dicha época cuando se acabaron los incentivos fiscales que hacían que muchas de las cooperativas pudieran sobrevivir.

Para el año 2001 con la expedición de la Ley de Ahorro y Crédito Popular un grupo importante de cooperativas de ahorro y préstamo quedó fuera de la legislación vigente, por lo que se dispersó el subsector de ahorro y préstamo cooperativo del país. Con ello se promovió la apertura del mercado de las finanzas populares a la iniciativa privada, y la sujeción de las cooperativas a una regulación extremadamente restrictiva, cuyos costos de acceso y de sostenimiento resultan, en la mayoría de los casos, incosteables para la inmensa mayoría de las cooperativas de ahorro y préstamo de tamaño pequeño y mediano (Rojas, 2014). Esta nueva ley puso a las cooperativas a competir directamente con empresas privadas en una total desventaja y sin reconocimiento de su objetivo social no lucrativo.

Actualmente estas organizaciones financieras manejan activos por más de 179 mil millones de pesos. De acuerdo al Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores (FOCOOP) al 31 de diciembre de 2019 existían 156 cooperativas autorizadas y avaladas por la Comisión Nacional Bancaria y de la Valores (CNBV) con 7,393,940 socios, lo que representa el 86% de las empresas cooperativas de crédito y ahorro. Asimismo, existen 517 cooperativas de ahorro y crédito de nivel básico, que representan el 64% con 835,919 socios. En proceso de autorización hay 3 que representan el 1% con 19, 936 socios. Las cooperativas de ahorro y crédito tienen en promedio una tasa activa del 24% anual, más o menos 2% mensual, muy por debajo del promedio de la banca tradicional.

Para el año de 2009 se aprobó la Ley para Regular las Actividades de las Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP), la cual fue reformada en el año 2014, dicha ley permitió la desarticulación de las cooperativas de ahorro. El mayor golpe a este tipo de cooperativas fue realizado mediante la promulgación de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, conocida como la Ley FICREA. En principio, los cambios a la ley aprobados por la Cámara de Diputados estaban pensados para evitar más fraudes como el ocurrido en la empresa FICREA, a partir de dicho caso emblemático proviene el nombre con el que se conocieron los cambios realizados a la ley. Sin embargo, las cooperativas de crédito y ahorro, así como las personas usuarias de sus servicios, creen que dichos cambios son excesivamente restrictivos, y que, aunque evitaría nuevas irregularidades, podría dejar sin acceso al ahorro y crédito formal a millones de personas que hoy no son atendidas por el sector bancario. Estas reformas ponen en riesgo la operación de diversas instituciones financieras que otorgan crédito a la población de bajos recursos, como Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito Popular, Sociedades Financieras Populares y Sociedades Financieras Comunitarias.

Otra limitación impuesta al cooperativismo mexicano, realizado desde la legislación, es la conformación de un segundo Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (COSUCOOP), debilitando aún más la poca organización existente en nuestro país. En una entrevista a Rojas Herrera, (2014) comenta lo siguiente:

Yo por lo menos veo a este segundo COSUCOOP recientemente formado con una posición más empresarial respecto al funcionamiento del cooperativismo, menos compromiso social, una visión más técnica de las cosas, más oficial con relación a las autoridades públicas en todos los niveles del gobierno mexicano y una preocupación especial por estar vinculado con la Alianza Cooperativista Internacional (ACI). Y el COSUCOOP primero es diferente, con una vocación más social, hay un compromiso con los movimientos sociales, con más interés por vincularse a ellos, con una preocupación mayor por marcar plenamente la distancia entre las autoridades del gobierno y el movimiento, es decir, tener más autonomía e independencia, un poquito más radical en sus expresiones, en sus formas de gestionar sus demandas, con un distanciamiento de la ACI y menos empresarial en el manejo de las cooperativas (Rojas, 2014).

En la cita anterior Rojas Herrera, (2014) menciona que mientras no se resuelva dicho tema por la vía legislativa será difícil que exista madurez del movimiento cooperativo para lograr ponerse de acuerdo. Según el autor, esta situación hace aún más urgente reformar la actual Ley General de Sociedades Cooperativas, algunas de las propuestas de reforma a la LGSC actual existentes son las que ha planteado Izquierdo (2009) en su texto Problemas de las empresas cooperativas en México que atentan contra su naturaleza especial publicado en el Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo, 2009.

La creación y fortalecimiento de las cooperativas mexicanas si bien obedece en gran medida a la expansión de las ideas cooperativas a nivel mundial, también se relaciona con las mutuales, los gremios de artesanos; el Gran Círculo Obrero de México; y el Partido Nacional Cooperativista (PNC). Asimismo, las primeras experiencias cooperativas mexicanas continuaron retomando elementos de las ideas de los pioneros y las cooperativas exitosas en Europa. Sin embargo, estas prácticas no recibieron inicialmente la atención suficiente por parte de la legislación mexicana, lo cual se evidencia con la falta de leyes específicas, esta situación varía ligeramente conforme avanzamos en la historia. Tuvieron que pasar cincuenta y cuatro años desde que se realizó el primer taller cooperativo de México para que se creara la primera Ley General de Sociedades. Empero, dicha ley estaba lejos de representar y promover a las cooperativas como organizaciones con una doble dimensión, la social democrática y la económica.

A la vista del exiguo desarrollo de las cooperativas por sí mismas, con la tercera ley cooperativa expedida en 1938, inicia una época al mismo tiempo, tanto de esplendor, como de control estatal sobre las mismas. En esta ocasión es el gobierno central el que recupera su tutela, lo que repercutió en su mal manejo tanto al interior como al exterior, esta situación se debió, en parte, a que no permitieron el desarrollo de principios básicos cooperativos como la autoayuda, la participación, la autogestión, la confianza, y la toma de decisiones colectivas democráticas. En 1994 con la promulgación de la cuarta ley, y hasta el momento, última ley cooperativa, se decide limitar la intervención Estatal y frenar los apoyos fiscales y económicos que las beneficiaban. Esta decisión provocó el desmantelamiento de múltiples cooperativas, ya que no estaban preparadas para sobrevivir de forma autónoma en el mercado capitalista. Tantos años de subvenciones y limitaciones a su autonomía las dejaron sin organización cooperativa real, una vez que la tutela del Estado deja de existir, las cooperativas se encuentran frente a un gran reto, sobrevivir en el mercado capitalista, sin apoyos estatales y sin una verdadera organización cooperativa en su interior. La actual legislación cooperativa en México tiene muchos retos, principalmente responder a las particularidades de las cooperativas como organizaciones con una lógica diferente a la empresa capitalista.

Asimismo, y de acuerdo con el análisis realizado por (Izquierdo, 2009) retomamos tres de los principales problemas con la LGSC actual: el primero de ellos es que dicha ley reconoce a las cooperativas como parte de las sociedades mercantiles, cuando en realidad deben ser reconocidas únicamente, debido a que su naturaleza es no lucrativa, como organizaciones del sector social, como lo menciona el artículo 25 constitucional. El segundo problema es el número mínimo requerido de personas para constituir una cooperativa, ya que éste se redujo de diez a cinco. Con ello se limita el potencial social, debido a que las cooperativas se basan en la unión de las personas socias, por lo que entre más personas socias conformen una cooperativa, mayor fortaleza social tendrá. Esta situación ha dado pauta para que se creen cooperativas donde las personas sean únicamente cinco, y las demás personas sean contratadas como trabajadoras sin los derechos ni obligaciones de ser socia.

El tercer problema tiene que ver con la organización cooperativa a nivel nacional. El artículo 74 de la ley General de Sociedades cooperativas se presta a la confusión y a la desintegración de su organización, dice textualmente: “Las sociedades cooperativas se podrán agrupar libremente en federaciones, uniones o en cualquier otra figura asociativa con reconocimiento legal” esta amplitud de organización ha provocado desorganización. A raíz de la desaparición de la vigencia del Estado como unificador de las cooperativas, los mecanismos de integración nacional se debilitaron. Ahora, por ejemplo, es posible que únicamente con tres cooperativas, de diferentes ramas de actividad, se conforme una unión, y con diez uniones, se puede hacer una confederación Nacional. Es decir, que con solamente treinta cooperativas se puede formar una confederación, esto da como resultado un gran número de organizaciones que no cuentan con la fuerza necesaria para representar el cooperativismo en México. Finalmente, podemos decir que con esta legislación se debilita a las cooperativas como grupo social, dando como resultado la situación actual que viven las cooperativas.

6. Consideraciones finales

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