Introducción

La primera década del siglo XXI fue testigo de un notable auge de los movimientos sociales y de la izquierda política en América Latina. Tras décadas de hegemonía neoliberal, una serie de propuestas políticas de izquierda llegaron al poder en gran parte de la región, dando lugar a intensos debates sobre el alcance y el significado de lo que fue llamado el “giro a la izquierda” (Arditi, 2010; Ellner, 2014; Gürcan y Bakiner, 2015; Kaltwasser, 2011). Con este giro, América Latina terminó por convertirse en el epicentro de las luchas políticas de izquierda en todo el mundo, esto, a pesar de varios reveses electorales ocurridos desde 2015 (Ballvé, 2006; Burbach, Fox y Fuentes, 2013; Rodríguez-Garavito, Barrett y Chávez, 2008; Saad-Filho, 2005; Veltmeyer y Petras, 2011), en los que países con experiencias de desarrollo favorables en gestiones progresistas, volcaron su voto hacia propuestas de derecha —como ejemplo tenemos los casos Brasil y Ecuador.

Con base en lo anterior, el objetivo de este artículo es adjudicar empíricamente las posiciones conceptuales presentes en la discusión sobre la izquierda latinoamericana. Para ello, revisamos críticamente las principales interpretaciones en algunos de los debates políticos y académicos más destacados, y proponemos el uso y referencia de una herramienta de medición –el índice de progresismo– a fin de evaluar hasta qué punto los gobiernos de izquierda han impulsado políticas progresistas en la práctica.

Cabe destacar que los debates sobre el “giro a la izquierda” se han vuelto aún más prominentes en la década de 2020, después del ascenso del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en México —en las elecciones de 2018—, del golpe militar en Bolivia en 2019 contra Evo Morales, y del regreso electoral del Movimiento al Socialismo (MAS) en 2020. En 2021, presenciamos la elección de gobiernos de izquierda en Honduras y Perú. Luego Chile e incluso Colombia eligieron gobiernos de izquierda (progresista) entre 2021 y 2022, respectivamente, tras movilizaciones sociales sin precedentes. Por su parte, el Partido de los Trabajadores de Lula en Brasil volvió al poder en 2022. Incluso, en Guatemala, el reformista-progresista Bernardo Arévalo prestó juramento el 14 de enero de 2024, contra todos los resquicios legales de las corruptas clase política y oligarquía guatemaltecas. Aquí, el término progresismo designa la traducción estatal de las aspiraciones históricas de la izquierda latinoamericana, especialmente en su dimensión cuantificable.

Para analizar la discusión sobre la izquierda latinoamericana, nos planteamos las siguientes preguntas: ¿En qué medida los gobiernos de izquierda en América Latina, que llegaron al poder desde la década de 2000, pueden considerarse progresistas? ¿Hasta qué punto han logrado traducir su retórica socialista en políticas concretas? ¿Cómo puede evaluarse empíricamente el desplazamiento de la política hacia una orientación progresista de izquierda? Estos y otros cuestionamientos nos permitirán también determinar en qué medida los movimientos sociales desde abajo, desde las bases de las y los dominados, han adquirido el poder suficiente para marcar alguna diferencia en la política institucional del Estado. 

Así, ofrecemos tanto una revisión de la literatura sobre cómo definir y verificar el progresismo y la izquierda, como una exploración empírica para dirimir entre las dos principales corrientes presentadas en este debate: la posición marxista rupturista o maximalista —de inspiración leninista o trotskista—, que sostiene que la izquierda latinoamericana no ha tenido ningún avance real más allá del neoliberalismo debido a sus inconsistentes prácticas políticas y concesiones; y la postura liberal-institucionalista, que divide a la izquierda latinoamericana en dos campos —moderado y radical. Desde esta perspectiva, el campo moderado es considerado más exitoso debido a su énfasis en el desarrollo impulsado por el mercado y la democracia liberal, mientras que el campo radical es criticado por ser populista y fiscalmente insostenible.

A lo largo de este artículo nos referiremos a esta corriente como liberal-institucionalista, aunque muchos de sus exponentes no se autodefinen de ese modo. De igual forma, sostenemos que las críticas, tanto de la corriente del marxismo maximalista como de la liberal-institucionalista, son empíricamente inexactas. Y es que varios gobiernos de izquierda radical han logrado avances significativos, sobre todo en la igualdad de ingresos y el aumento de los salarios mínimos reales. No obstante, parece no existir un bloque coherente de izquierdas radicales y moderadas, aunque la afirmación que hace el bando liberal-institucionalista —sobre los llamados países moderados y su mayor eficiencia y éxito—, no encuentra respaldo en los datos empíricos.

Por ello, este artículo examina la izquierda realmente existente en América Latina, a partir de sus expresiones a escala estatal. Explora qué ocurre cuando esa fuerza logra traducirse en políticas estatales. También muestra los límites analíticos de observar el cambio social exclusivamente desde esta escala. Y es que los cambios observados a escala estatal no deben interpretarse como sustitutos del empoderamiento colectivo (Otero 2023), sino como sus expresiones parciales, contingentes y potencialmente reversibles —como ha sucedido en procesos electorales que dieron lugar a gobiernos de derecha en Argentina (2023), Chile (2025), Ecuador (2021), Honduras (2025) y Perú (2022). Precisamente por ello, el análisis del progresismo estatal constituye un punto de partida necesario, aunque insuficiente, para comprender los procesos de transformación social que se desarrollan en la sociedad civil (Otero y Gürcan 2026 en prensa).

Así, la primera sección de este trabajo ofrece un análisis conceptual de la izquierda en la literatura crítica escéptica del giro a la izquierda en América Latina. Derivamos también un primer conjunto de preguntas de investigación del marxismo maximalista y sobre si la izquierda latinoamericana constituye, realmente, una ruptura con el pasado (neoliberal y hasta neocolonial) o si ha desencadenado un proceso alternativo de integración en el capitalismo global neoliberal. La segunda sección aborda las formas en que los académicos liberal-institucionalistas dividen a los gobiernos de izquierda latinoamericanos entre una izquierda moderada y una izquierda radical. Extraemos un segundo bloque de preguntas de investigación de esta literatura para categorizar a la izquierda latinoamericana en un continuo que va desde la moderación al radicalismo, y comprender cómo esto se refleja en nuestro análisis cuantitativo. En la tercera sección discutimos nuestro marco metodológico para construir el “Índice de progresismo”, lo que consideramos como la principal contribución de este artículo. Aquí, utilizamos el índice como una herramienta para aproximarnos empíricamente a la izquierda realmente existente, sin pretender agotar su complejidad histórica ni conceptual. Finalmente, analizamos los datos y discutimos los resultados.

Interrogantes de investigación

Enfoque marxista maximalista

El llamado “giro a la izquierda” en América Latina se manifestó, en el plano discursivo, como un fuerte rechazo al neoliberalismo. Los reveses estratégicos de la izquierda —en países como Venezuela, Bolivia, Brasil, Argentina y Ecuador, después de 2015— reavivaron los debates sobre cuán izquierdistas han sido realmente los gobiernos de la región y si la izquierda presentó, en la práctica, un desafío genuino y progresista al capitalismo neoliberal (Ellner, 2019). Nuestra definición del progresismo se inscribe en el debate contemporáneo sobre la izquierda latinoamericana. Desde el enfoque estratégico-relacional de las estrategias simbióticas de transformación que adoptamos en este artículo, lo definimos de manera amplia, principalmente en relación con la búsqueda de la igualdad económica y la expansión de las políticas de bienestar —por ejemplo, igualdad de ingresos, gasto social, mejoras en el empleo y los salarios mínimos—, así como con la garantía de reglas democráticas elementales.

Cabe señalar que las narrativas pesimistas sobre el giro a la izquierda latinoamericana procedían tanto de la izquierda marxista maximalista como de la corriente dominante liberal-institucionalista. Por ejemplo, en representación de la primera postura, James Petras postuló que el ascenso a la eminencia de los regímenes de izquierda en América Latina apenas supone una ruptura radical con el neoliberalismo, contrariamente al discurso radical del Socialismo del Siglo XXI. Este último está representado oficialmente por el socialismo bolivariano de Venezuela, pero también puede asociarse al ideal de socialismo comunitario de la Bolivia de Evo Morales y al proyecto de “Revolución Ciudadana” del Ecuador de Rafael Correa. Un rasgo común de este discurso continental es la crítica al socialismo de Estado debido a su sistema político antidemocrático, así como su distanciamiento de la lucha guerrillera armada rupturista hacia estrategias electorales democráticas; ello también incluye su forma de antiimperialismo, y la diversificación de la agenda política hacia la igualdad de género y la justicia ambiental (Arditi, 2010; Burbach, Fox y Fuentes, 2013; Lievesley y Ludlam, 2009; Petras, 2011; Rodríguez-Garavito, Barrett y Chávez, 2008).

En esta línea, según Petras (2011), independientemente de la diversidad política de los gobiernos de izquierda en América Latina, estos tienden a estar estrechamente involucrados con las empresas multinacionales y sus proyectos extractivistas (p. 32). Al seguir siendo un país dependiente del petróleo, por ejemplo, Venezuela no ha logrado resolver la cuestión de la desigualdad, introducir una reforma agraria de gran calado, ni invertir las jerarquías de clase imponiendo una reforma fiscal progresista, suprimiendo los intereses burgueses de las filas de la burocracia estatal (Petras, 2011). El retrato que hace Petras de Venezuela coincide, en gran medida, con el de otros autores que observan que el sector privado “ocupa una parte mayor de la economía que antes de que Chávez llegara al poder” (Beasley-Murray, Cameron y Hershberg, 2010, p. 9). Aquí, el criterio de comparación sería claramente el estatismo socialista, como si ese fuese el único o el más deseable modelo de socialismo posible. 

Una situación similar se observa en la “Revolución Ciudadana” de Ecuador, que  impuso restricciones a las huelgas sindicales y permitió una mayor propiedad extranjera en áreas estratégicas como la minería y los recursos energéticos, las telecomunicaciones, la banca y las exportaciones comerciales (Petras, 2011). Por su parte, a pesar de los enormes logros conseguidos en el ámbito de los derechos humanos y la autonomía de los pueblos indígenas, Bolivia depende cada vez más de la cooperación con empresas extractivas de propiedad extranjera y grandes terratenientes (Petras, 2011). 

Más allá de estas críticas empíricas, algunos autores han propuesto marcos interpretativos más amplios para comprender estas dinámicas. Veltmeyer y Petras (2011), Webber y Carr (2013), coinciden en que la mayoría de los gobiernos de izquierda de América Latina, son una continuación del proyecto capitalista neoliberal. Puntualmente, Webber (2010) infiere que las nuevas políticas de izquierda en América Latina constituyen “una respuesta táctica de las clases dominantes para ajustarse a las contradicciones sociales generadas por la implementación del neoliberalismo en la región, preservando al mismo tiempo el proyecto de clase subyacente y los éxitos de los que ha disfrutado” (p. 227). En este sentido, el autor asocia a la izquierda latinoamericana con la noción de “revolución pasiva” de Antonio Gramsci, entendida como un proceso en el que las capacidades de movilización social desde abajo son cooptadas, contenidas o reprimidas selectivamente, mientras se restituye la iniciativa política de las clases dominantes (Webber, 2017).

Desde esta perspectiva, Bolivia constituye un ejemplo ilustrativo de las limitaciones de la izquierda latinoamericana (Webber, 2011). Este país atravesó un ciclo insurreccional con el estallido de las Guerras del Agua y del Gas entre 2000 y 2005 que, sin embargo, fue interrumpido por un retorno a la política parlamentaria convencional y, finalmente, por la reconstitución del neoliberalismo. La economía política de Bolivia, tras el periodo insurreccional, se caracterizó por una mayor integración en el mercado mundial combinada con una mayor dependencia de la exportación de hidrocarburos y minerales. El aumento de los ingresos públicos no se reflejó en el gasto social, que disminuyó sustancialmente como proporción del Producto Interno Bruto (PIB). Además, acompañadas de crecientes tasas de inflación, las precarias condiciones laborales persistieron junto con elevados niveles de pobreza y desigualdad (Webber, 2011). 

En un registro similar, William I. Robinson (2019) también se basa en la noción de “revolución pasiva” de Gramsci para concluir que la izquierda latinoamericana ha representado el poder de las clases dominantes y de una fuerza global que denomina “clase capitalista transnacional” (Gürcan 2015; Otero 2011). A través de esta clase, “muchos de los Estados de la Marea Rosa fueron capaces de impulsar una nueva ola de globalización capitalista con mayor credibilidad que sus predecesores neoliberales ortodoxos y políticamente en bancarrota” (Robinson, 2017). 

En comparación con las evaluaciones maximalistas, Tom Chodor ofrece un análisis más matizado que contrasta el empuje contrahegemónico representado por la izquierda venezolana con la revolución pasiva representada por Brasil. Aunque a primera vista esta comparación parece coincidir con los planteamientos dicotómicos expresados por la literatura dominante, Chodor reconoce que, tanto las alternativas contrahegemónicas como las de revolución pasiva ofrecen mayores oportunidades para abrir “espacios políticos, económicos e ideológicos dentro de los cuales los latinoamericanos han ganado más autonomía frente a las presiones externas que emanan de Estados Unidos, las instituciones del orden mundial neoliberal y el capital transnacional” (Chodor, 2015, pp. 147-48). 

Definiendo a la “izquierda” y al índice del progresismo

Una interrogante principal que guía esta investigación es, por tanto, la llamada “autenticidad” de la izquierda latinoamericana, frecuentemente etiquetada como “marea rosa”, como la denomina Robinson (2008). El planteamiento anterior abre la pregunta clave: ¿Cuán izquierdistas son, en la práctica, los gobiernos de izquierda radical en países como Venezuela, Bolivia y Ecuador, en comparación con sus homólogos más “moderados” en países como Chile y Brasil? Para efectos de este artículo, utilizamos el término “izquierda” para designar un amplio abanico de movimientos políticos o sociales que retóricamente —aunque no siempre de forma sustantiva— dan prioridad a las cuestiones progresistas de la justicia social, la igualdad y la democracia, de modo que incluya tanto a reformistas moderados como a revolucionarios (Katz, 2005; Zibechi, 2003). 

De hecho, estas cuestiones recorren gran parte del debate sobre la definición de la izquierda en la literatura. Por ejemplo, en la definición de Jorge G. Castañeda (2006), la izquierda se presenta como “una corriente de pensamiento, política y políticas públicas, que hace hincapié en la mejora social por encima de la ortodoxia macroeconómica, en la distribución igualitaria de la riqueza por encima de su creación, en la soberanía por encima de la cooperación internacional, y en la democracia” (p. 32). También se hace eco de una vaga referencia a la democracia en la definición que da Richard Flacks (1988) sobre la izquierda: “un cuerpo de pensamiento […] que busca ampliar la capacidad de la gente misma para tomar las decisiones que afectan a las condiciones y términos de la vida cotidiana” (p. 100). 

Por su parte, Hugh Stretton (1976) enfatiza el componente de igualdad de la izquierda al definirla en relación con la actitud de los actores políticos a favor de la reducción de las desigualdades. Lo mismo ocurre con la definición de Juan Pablo Luna y Cristóbal Rovira Kaltwasser (2014), la cual enmarca a la izquierda como “una posición política, que se caracteriza por la idea de que las principales desigualdades entre las personas son artificiales y de ahí que busca superarlas mediante la participación activa del Estado” (p. 4). De manera similar, Steven Levitsky y Kenneth M. Roberts (2011) conceptualizan a la izquierda como “actores políticos que buscan emplear la autoridad pública para proteger a individuos y grupos de las inseguridades del mercado, reducir las desigualdades sociales y económicas y fortalecer la voz de los grupos desfavorecidos” (p. 5). Tony Hilfer (2014), por su parte, ve a la izquierda “como una política dirigida a reestructurar el orden socioeconómico para igualar la riqueza y el poder” (p. 2). 

A partir de este breve panorama de definiciones de la izquierda, podemos ver que existen considerables coincidencias, aun cuando se refieren a un amplio espectro de fenómenos socioeconómicos. Dicho espectro tiene la ventaja de que puede ayudarnos a captar la ampliamente reconocida “heterogeneidad” de la izquierda latinoamericana (Burbach, 2014; Ellner, 2014, 2019; Lievesley y Ludlam, 2009; Raby, 2014; Rodríguez-Garavito, Barrett y Chávez, 2008). El énfasis de la literatura en la centralidad de la justicia social y la igualdad nos lleva a usar indistintamente estas categorías. Las entendemos en sentido amplio como una “condición ideal en la que todos los miembros de una sociedad tienen los mismos derechos básicos, protección, oportunidades, obligaciones y beneficios sociales” (Barker, 2003, p. 404). Así, justicia social o igualdad se reflejan en algunos de los indicadores centrales de nuestro índice de progresismo como la igualdad de ingresos, las tasas de empleo, los salarios mínimos reales, el gasto social y la democracia como parte de las reivindicaciones fundacionales de la izquierda contra el capitalismo neoliberal. 

Los cuatro primeros indicadores de nuestro índice de progresismo son una medida del compromiso de la izquierda con la igualdad y la clase trabajadora. El coeficiente de Gini se utiliza para evaluar la desigualdad de ingresos: el valor 0 representa la igualdad perfecta y el 1, la desigualdad perfecta. A continuación, restamos el coeficiente Gini a 1 para calcular la igualdad de ingresos —véase Pampel y Williamson (2001) como ejemplo sobre cómo se restan los valores de Gini de 1 para calcular la igualdad de ingresos que, en realidad, se trata simplemente del inverso del Gini. Así, con el nuevo cálculo, cuanto más se acerque la puntuación de la igualdad de ingresos a 1, más equitativo será el ingreso de la sociedad. 

Por su parte, la igualdad económica se calcula a partir de la Base de Datos Mundial sobre Desigualdad. Los datos sobre empleo se extraen de la base de datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (OIT 2026). Los salarios mínimos corrientes como porcentaje del PIB y el gasto social proceden de la base de datos en línea de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), llamada CEPALSTAT. Aquí, el gasto social incluye el gasto en educación, salud y nutrición, seguridad social, asistencia social, trabajo, vivienda y agua (CEPAL, 2016). Además de las demandas básicas de la clase trabajadora reivindicadas por el izquierdismo, evaluamos la reivindicación de la izquierda latinoamericana en la participación democrática, participación electoral y participación en la sociedad civil, dentro de un índice único que incluye los tres aspectos. Este subíndice lo derivamos de V-Dem, una organización financiada por varias universidades suecas (Demscore, 2025). 

En una primera aproximación a la presentación y análisis de nuestros datos, nos centramos en el periodo de auge de las materias primas entre 2000 y 2014 (FMI, 2017). En este periodo, los gobiernos latinoamericanos aprovecharon el aumento de los precios mundiales de los productos primarios en beneficio de los ingresos fiscales del Estado y las políticas sociales (Veltmeyer y Petras, 2014). En este marco, la Gráfica 1 presenta todos los países de nuestra muestra ordenados según su índice de progresismo en 2014. En ese momento, Bolivia ocupaba el primer puesto, seguida muy de cerca por Argentina, Nicaragua y Uruguay. Por su parte, Chile, Ecuador, Brasil y Colombia aparecen con un índice levemente menor, mientras que México y Venezuela ocupan las últimas posiciones. No sorprende que Colombia y México aparezcan hacia el fondo del índice en 2014, puesto que hasta esa fecha sus gobiernos eran fuertes conversos del neoliberalismo. Sin embargo, también sorprende que ya desde tan temprano Venezuela aparezca en el fondo, posición que empeoraría más con el paso del tiempo y la profundización del boicot estadounidense.

Fuente: Elaboración propia con datos de múltiples fuentes (véase nota metodológica).
N.B.: La gráfica muestra el valor del índice de progresismo en el año 2000 (barras claras) y en 2014 (barras oscuras) para diez países de América Latina. El índice se construye como el promedio aritmético de cinco subíndices normalizados entre 0 y 1: salario mínimo relativo como porcentaje del PIB, participación laboral, igualdad (índice de Gini invertido), gasto social como porcentaje del PIB y densidad democrática. El eje vertical comienza en 0 para preservar la comparabilidad visual de magnitudes absolutas. Todos los valores corresponden al índice de progresismo calculado como promedio aritmético simple.

La Gráfica 2 presenta el cambio absoluto del índice de progresismo entre 2000 y 2014, periodo que, como señalamos, coincide con el auge de los precios internacionales de las materias primas. A diferencia de medidas porcentuales, el uso de diferencias absolutas permite comparar directamente la magnitud de los avances y retrocesos entre países con distintos niveles iniciales del índice. Así, el índice se calcula como un promedio aritmético de cinco dimensiones normalizadas entre 0 y 1. Aquí se trata de mostrar la heterogeneidad de trayectorias, no “éxitos y fracasos”. Ecuador y Venezuela por ejemplo, ya mostraban tensiones incluso durante el auge.

Fuente: Elaboración propia con datos de múltiples fuentes (véase nota metodológica). 

Enfoque liberal-constitucionalista

Remontando sobre lo expuesto anteriormente, es importante destacar que un debate central en la literatura sobre la izquierda latinoamericana es cómo categorizar y diferenciar entre las distintas vertientes del izquierdismo latinoamericano. La discusión fue iniciada por la dicotomía que presentó Jorge G. Castañeda entre la izquierda “buena” y la “mala” (Castañeda 2006, Levitsky y Roberts, 2011; Moreno-Brid y Paunovic, 2010; Vargas-Llosa, 2007; Weyland, 2010). Según Castañeda (2006, 2008), la nueva izquierda latinoamericana se divide en lo que él llama la izquierda buena —la “pragmática, sensata, realista, honesta, responsable y humanizada” (Brasil, Chile, Uruguay)— y la izquierda mala —”nacionalista, populista y estatista” o simplemente deshonesta e irresponsable (Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Argentina)—. Un lenguaje similar se utiliza en otros espacios para diferenciar entre la llamada izquierda “vegetariana” y la “carnívora” (Vargas-Llosa, 2007), o la socialdemocracia y el populismo (Lynch, 2007). 

En una línea similar, Kurt Weyland propone distinguir entre una “izquierda moderada” y una “izquierda contestataria” (Weyland, 2010). En paralelo a la tipología de Castañeda, sostiene que la primera muestra mejores resultados en términos de justicia social y calidad democrática. Desde esta perspectiva, existe una preocupación por la deriva de la izquierda contestataria —representada por Venezuela y Bolivia—, al considerar que su énfasis en la democracia participativa puede derivar en formas de mayoritarismo que terminen socavando la democracia liberal. En contraste, la izquierda moderada, ejemplificada por países como Brasil y Chile, se caracterizaría por su apego a las instituciones existentes y su disposición a negociar con la oposición, en lugar de “reescribir las reglas políticas” (Madrid, Hunter y Weyland, 2010: 141-142). En este marco, estos autores llegan a calificar a la izquierda radical como “ineficiente, imprudente e irresponsable” (Weyland, 2010, pp. 73-74;  Madrid, Hunter y Weyland, 2010).

Los marcos de Castañeda y Weyland encuentran eco en el trabajo de Steven Levitsky y Kenneth M. Roberts. Según estos autores, la nueva izquierda latinoamericana se diferencia en relación con los niveles de institucionalización de los partidos políticos y movimientos sociales, así como por la naturaleza de la autoridad política vigente (Levitsky y Roberts, 2011). En cuanto a los niveles de institucionalización, Levitsky y Roberts distinguen entre organizaciones establecidas que tienen efectos de larga data (Chile, Brasil, etc.) y organizaciones de reciente creación que simplemente sirven como vehículos electorales para líderes o movimientos que desafían la estructura institucional preexistente (como los casos de Venezuela, Bolivia, etc.). En cuanto a la autoridad política, los autores identifican movimientos dominados por figuras individuales y aquellos que dispersan el poder (Levitsky y Roberts, 2011). Sin embargo, a pesar de su crítica a Castañeda, Levitsky y Roberts, no pueden evitar recurrir a la dicotomía entre moderación (“izquierda buena”) y radicalismo (“izquierda mala”). 

Otro esfuerzo significativo de categorización proviene de Jon Beasley-Murray, Maxwell A. Cameron y Eric Hershberg (2010). Si bien reconocen la diversidad de la izquierda latinoamericana, Beasley-Murray y sus colegas sostienen que la diferenciación dentro de la izquierda puede evaluarse mejor, una vez que el foco de atención se desplaza a la pregunta “¿Por qué el liberalismo es insuficiente en América Latina?” (Beasley-Murray, Cameron y Hershberg, 2010, p. 13). En consecuencia, estos autores alaban el potencial democrático de los movimientos indígenas siempre que se mantengan dentro de los límites de los “derechos y libertades liberales básicos” (Beasley-Murray, Cameron y Hershberg, 2010, p. 13), en lugar de revolucionar las instituciones democráticas liberales convencionales. El mismo argumento se reafirma en otros lugares en cuanto a la necesidad de “transformar pacífica y (más o menos) legalmente el sistema” (Cameron y Sharpe, 2010, p. 77) sin recurrir a la violencia revolucionaria ni transformar las relaciones de propiedad mediante la lucha de clases. En última instancia, esta perspectiva reproduce involuntariamente la tesis de la “izquierda mala” de Castañeda, en la medida en que quienes intentan transformar la legalidad burguesa pueden ser demonizados como enemigos de la democracia liberal.

Por último, Francisco Panizza (2009) sugiere categorizar la nueva izquierda latinoamericana con referencia a las formas de representación política. La propuesta del autor se basa en una narrativa liberal-institucionalista que sigue la línea de pensamiento de Cameron y sus colegas, ya que tiende a favorecer la democracia liberal frente a la participativa debido a los “conocidos problemas de legitimidad, sesgo de movilización y representación” de esta última (Panizza, 2009, p. 224). Al analizar las diferencias internas de la izquierda, Panizza identifica tres formas de representación: las asociadas a los partidos, a los movimientos sociales y a líderes personalistas (Panizza, 2009). También considera que Venezuela, por ejemplo, ha tenido un rendimiento bajo en representación partidista, medio-bajo en representación social debido a la limitada autonomía en la participación de los movimientos, y alto en representación personalista.

Brasil, por su parte, tiene un rendimiento bajo en representación personalista y alto en representación partidista, pues el liderazgo de Lula se vio limitado por controles y equilibrios institucionales y niveles más altos de institucionalización en el Partido de los Trabajadores. De algún modo el rendimiento de este país en representación social se refleja como medio-bajo, es decir, mejor que el de Venezuela, lo que probablemente se deba a mayores niveles de autonomía de las organizaciones, más que a la intensidad de la movilización social (Panizza, 2009). 

En el caso de Bolivia, Panizza (2009) valora la representación partidista como baja, mientras que las formas de representación por movimientos sociales y personalistas son altas. Argentina, por su parte, tiene un rendimiento medio en la categoría de representación partidista y alto en la de representación personalista debido al liderazgo carismático de los Kirchner. Asimismo, presenta niveles relativamente altos de institucionalización dentro de la izquierda peronista. Sorprendentemente, Panizza (2009) presenta el desempeño de este país, en el rubro de representación social, por encima del de Brasil, aunque las narrativas marxistas maximalistas y liberal-institucionales en la literatura se quejan de mayores niveles de cooptación en la organización de movimientos sociales y menores niveles de dispersión en el reparto del poder político en Argentina (Robinson, 2008; Levitsky y Roberts, 2011). 

Cabe destacar que el izquierdismo argentino es objeto de controversia en la literatura. Algunos autores, en la estela de Castañeda lo ubican dentro de la llamada “izquierda mala y radical” (Castañeda, 2006, 2008; Grugel y Riggirozzi, 2012), mientras que, desde el campo marxista maximalista se le clasifica como una izquierda socialdemócrata y capitalista (Robinson, 2008). Otros, en cambio, lo sitúan dentro de la “izquierda moderada”, más cercana a la experiencia brasileña (Ellner, 2014; Levitsky y Roberts, 2011; Webber y Carr, 2013). Por consiguiente, una segunda interrogante de investigación que surge a partir de estos debates en la literatura liberal-institucionalista es: ¿Cómo se manifiesta la variación en los gobiernos de izquierda latinoamericanos desde la moderación al radicalismo en nuestro primer balance cuantitativo del índice de progresismo? ¿Es coherente esta variación con el retrato que la literatura dominante hace de los gobiernos de izquierda latinoamericanos? A partir de la discusión metodológica que se aborda en el siguiente apartado, nuestro análisis pretende dar respuesta a dichas preguntas.

Metodología: construcción del Índice de Progresismo

Nuestra evaluación del grado de izquierdismo de los gobiernos autodenominados de izquierda se basa en la construcción de un índice de progresismo, que consiste en la media aritmética simple de un conjunto de 5 indicadores. Calculamos también una media ponderada, con pesos diferenciados que privilegian las demandas laborales centrales en la literatura revisada, basados en el análisis comparativo de los años 2000-2024: salarios mínimos reales como porcentaje del PIB per cápita, gasto social como porcentaje del PIB per cápita, igualdad de ingresos (inversa del coeficiente de GINI), tasas de empleo y densidad o participación democrática (CEPAL, 2016). En secciones anteriores, ya hemos definido nuestras variables y discutido nuestro razonamiento inductivo para incluirlas en diálogo con la literatura sobre la izquierda latinoamericana recién revisada. 

La muestra de países latinoamericanos para los que hemos calculado el índice de progresismo incluye: (1) Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela como parte de la llamada “izquierda radical”; (2) Brasil, Chile y Uruguay como la “izquierda moderada”; y (3) Colombia y México como una submuestra de alto contraste de dos países que adoptaron a destajo las políticas neoliberales, es decir, la “no izquierda”. Hemos construido nuestra muestra a partir del corpus teórico revisado sobre cómo categorizar las diferentes vertientes del izquierdismo latinoamericano en un continuo que va desde la moderación hasta el radicalismo. Y es que estos contrastes polémicos los articulamos, como ya se mencionó arriba, en el estudio de indicadores, por ejemplo, los económicos. Una propuesta es el carácter altamente volátil del salario mínimo en Venezuela, durante los años de hiperinflación y múltiples regímenes cambiarios, realizamos una estimación específica de su relación con el PIB per cápita para el periodo 2014-2024, con el apoyo técnico de herramientas de inteligencia artificial (que consultaron gacetas y otros medios oficiales locales). Y con el fin de verificar la robustez de nuestros resultados, re-calculamos el índice excluyendo el componente salarial para Venezuela. Las diferencias observadas fueron marginales y no alteran la tendencia general del mismo, lo cual confirma que aquí, las estimaciones salariales no distorsionan la trayectoria del progresismo.

Analizamos primero los datos entre 2000 (es decir, después de la victoria electoral de Hugo Chávez en 1998) y 2014 (último año del auge o boom de las materias primas). Un segundo conjunto de datos que se agrega, y se presenta más adelante, incluye un período adicional de diez años —es decir, hasta 2024— para efectos comparativos. Así, la Gráfica 1, presentada previamente, ofrece un resumen de la evolución del índice de progresismo en cada uno de los países de nuestra muestra entre 2000 y 2014. Además, presenta las puntuaciones del índice de progresismo en el primero y el último año del boom, centrándose en la variación del índice durante este periodo. Las secciones siguientes ofrecen una interpretación detallada de estas cifras y presenta otras más. 

Para estimar la fuerza empírica de nuestro índice de progresismo, también estudiamos su validez de constructo, la cual se refiere a la correspondencia “entre la medida considerada y las expectativas teóricas sobre esa medida” (Badie, 2011, p. 1515). Es decir, la validez de constructo tiene que ver con el grado en que un instrumento mide realmente el concepto teórico que pretende medir. Para maximizar la validez de constructo de nuestro índice nos basamos en gran medida en la literatura sobre la izquierda latinoamericana extrayendo y definiendo inductivamente nuestras variables, como se ha discutido anteriormente. Cabe destacar que, el alfa de Cronbach para los cinco subíndices que componen el índice de progresismo es negativa, lo que confirma que estas dimensiones no covarían de manera sistemática. Este resultado no constituye una limitación del índice, sino que refleja su carácter formativo y la heterogeneidad empírica del progresismo realmente existente en América Latina.

Análisis y discusión

Como se ha mencionado en secciones anteriores, nuestro análisis de datos evaluará dos hipótesis derivadas de la literatura sobre el ascenso de la izquierda latinoamericana desde la década de 2000. La hipótesis A sugiere que el giro a la izquierda de América Latina no es más que una ilusión, ya que la izquierda latinoamericana no ha conseguido llevar a la práctica su discurso radical y, en su lugar, ha facilitado la integración regional en el capitalismo global neoliberal. A riesgo de simplificar en exceso, la hipótesis B sostiene que en América Latina sí se ha producido realmente un giro a la izquierda, pero que no constituye un proceso uniforme ni homogéneo. Más bien, la izquierda se bifurca en dos tendencias distintas: la izquierda moderada presentada como una historia de éxito por su enfoque “liberal-democrático” y “pragmático”; frente a la izquierda radical condenada al fracaso por su enfoque “populista” e “ineficiente”. 

Cabe señalar que, dado que los países partían de niveles distintos de progresismo estatal al inicio del boom, el análisis no puede limitarse a la comparación de niveles finales. Por ello, este estudio pone énfasis en las trayectorias y en los cambios absolutos del índice, evitando medidas porcentuales que tienden a exagerar los avances y a subestimar transformaciones relevantes en países con niveles iniciales más altos. Los resultados de Bolivia, Nicaragua y Brasil cuestionan profundamente los postulados de la Hipótesis A, según la cual la izquierda latinoamericana no constituye necesariamente una ruptura significativa con el capitalismo neoliberal (véase la Gráfica 2). Puede que la ruptura no sea definitiva, al menos mientras siga dependiendo del extractivismo. Sin embargo, la aplicación de políticas redistributivas sí llevan a estos países a mejorar sus resultados en materia de progresismo, tal como se define en el debate. Al menos hay cierto movimiento en la dirección correcta.

A pesar de lo anterior, el extractivismo como indicador tanto de destrucción socioambiental como de un mayor involucramiento con las multinacionales, constituye una preocupación bien fundamentada sobre los gobiernos de izquierdas, que se validará aún más cuando ampliemos nuestro análisis del índice de progresismo al segundo periodo —posterior al auge de las materias primas y hasta 2024.(1) En este punto, gracias al extractivismo y a la fuerte dependencia del petróleo, Venezuela es el país que valida, con mayor agudeza, las preocupaciones de la hipótesis A. No es de extrañar que el índice de Colombia y México también se sitúe en la parte baja de nuestra muestra, ya que fueron los más firmemente neoliberales durante el periodo hasta 2022 y 2018, respectivamente.

Por otra parte, la Gráfica 3 compara los promedios del índice de progresismo durante todo el auge de las materias primas (2000–2014) y todo el periodo post-boom (2015–2024), ordenando los países según el valor alcanzado en 2024. Lejos de sugerir un retroceso generalizado tras el fin del auge, la Gráfica 3 muestra que la mayoría de los países registran un promedio post-boom igual o superior al del boom, aunque con diferencias importantes en magnitud y estabilidad. Esto indica que, en varios casos, los avances estatales logrados durante el ciclo expansivo no se desvanecieron inmediatamente con el deterioro del contexto internacional, sino que dejaron huellas institucionales relativamente persistentes.

Fuente: Elaboración propia con datos de múltiples fuentes (véase nota metodológica). 

La Gráfica 3 también permite cuestionar simultáneamente dos posiciones que, pese a sus diferencias normativas, convergieron en el debate sobre la izquierda latinoamericana. Por un lado, el marxismo maximalista, que desde el inicio descartó a los gobiernos progresistas como expresiones irrelevantes o incluso funcionales al orden capitalista; también encuentra dificultades para explicar por qué en la mayoría de los países, los promedios del índice de progresismo en el periodo post-boom son iguales o superiores a los del auge de las materias primas. Frente a ello, se puede decir que el marxismo maximalista evalúa estos procesos a partir de un ideal revolucionario puro —de ahí la designación que le damos. Por otro lado, el liberal-institucionalismo, que nunca confió en la posibilidad de una izquierda transformadora y que redefinió como “moderada” o “responsable” a una izquierda compatible con el neoliberalismo, tampoco anticipó la persistencia —aunque limitada y desigual— de avances estatales, una vez agotadas las condiciones externas excepcionalmente favorables. Implícitamente, el liberal-institucionalismo toma como parámetro la estabilidad macroeconómica.

Los resultados empíricos sugieren, más bien, una trayectoria intermedia que ninguna de las dos corrientes logra captar adecuadamente. Bolivia destaca como el caso más consistente de mejora entre ambos periodos, mientras que Ecuador, Uruguay, Nicaragua, Argentina y Chile muestran incrementos moderados o estabilidad relativa. Brasil presenta señales de estancamiento. México refleja una mejora leve pero notable desde niveles bajos. Venezuela, en cambio, muestra un deterioro profundo que ilustra los riesgos de confundir control estatal con empoderamiento político-cultural de las y los dominados. En conjunto, la evidencia apunta a un progresismo estatal más resistente de lo que conjeturaron sus críticos, pero más frágil y contingente de lo que supondría cualquier lectura institucionalista fuerte. Esta combinación refuerza una tesis central: sin procesos sostenidos de empoderamiento colectivo en la sociedad civil, los avances estatales pueden persistir por un tiempo, pero permanecen estructuralmente expuestos a la reversión y al desgaste (Otero, 2023; Otero y Gürcan, 2026 en prensa).

La Gráfica 4 confirma que el diagnóstico general del progresismo estatal no depende de la especificación de nuestro índice. Aquí comparamos dos formas de medirlo: promedio aritmético y promedio ponderado. La ponderación que otorga mayor peso a las demandas laborales produce ajustes menores en algunos casos —notablemente Chile y Ecuador—, pero no altera sustantivamente el orden relativo ni las conclusiones generales. Esta estabilidad sugiere que los patrones identificados no son artefactos técnicos, sino el reflejo de tendencias estructurales. En esta gráfica, los países se ordenan según el valor del índice de progresismo calculado como promedio ponderado para el período completo 2000–2024, con el fin de evaluar la robustez del diagnóstico frente a una especificación que otorga mayor peso a las demandas laborales. 

El caso que más sorprende es el de Colombia, el cual, junto con México, incorporamos en nuestra muestra por su inclinación neoliberal, pues termina el período en el quinto puesto, por lo menos a partir del índice ponderado. Si nos concentráramos únicamente en lo que refleja el índice aritmético, entonces Colombia se vería superada por Nicaragua y Uruguay, pero todavía por encima de Brasil. Cabría preguntar si, en escasos dos o tres años, el gobierno de Gustavo Petro habría logrado tener el impacto de aumentar el índice de progresismo ponderado por logros laborales.

Fuente: Elaboración propia con datos de múltiples fuentes (véase nota metodológica). 

Observaciones finales

En este artículo hemos evaluado brevemente los estudios sobre los giros a la izquierda en América Latina desde 1998. Lo hemos hecho a partir de la construcción de un índice de progresismo, que mide cuantitativamente hasta qué punto los gobiernos de izquierdas de América Latina han movido realmente la política hacia la izquierda, hacia resultados progresistas que favorecen a las clases trabajadoras. Ofrecimos una revisión sintética de la literatura sobre el giro a la izquierda de América Latina con el objetivo de destilar nuestras variables y refinar nuestras preguntas e hipótesis de investigación. Siendo Venezuela una excepción, nuestras conclusiones confirman la regla general de que a la “marea rosa” no le fue tan mal como predijeron los marxistas maximalistas o los liberal-institucionalistas: de hecho, se produjeron avances progresistas significativos (véanse las Gráficas 1-4). 

Evaluamos dos hipótesis basadas en un conjunto de cinco variables que componen el índice de progresismo: la hipótesis A, extraída de la literatura marxista maximalista y escéptica sobre el giro a la izquierda desde la perspectiva de las estrategias rupturistas y autonomistas de construcción de la izquierda; y la hipótesis B, derivada de la literatura liberal-institucionalista dominante que categoriza a la izquierda en las llamadas izquierda moderada y radical, o izquierda buena y mala. En cuanto a la hipótesis A, la evidencia de nuestro índice advierte sobre la necesidad de cautela al subestimar el alcance del giro a la izquierda en América Latina, a la vez que confirma el desafío que supone la excesiva dependencia del extractivismo y las empresas multinacionales (Ellner, 2021). Los gobiernos progresistas de América Latina deben hacer un trabajo mucho mejor para trascender su enfoque en los programas de asistencia social a favor de transformaciones estructurales hacia un modelo endógeno de desarrollo (Otero, 2021). 

En cuanto a la hipótesis B, no solo la categorización moderado-radical es cuestionable por la falta de homogeneidad en el desempeño dentro de estos grupos de países, sino que la descripción de la llamada izquierda moderada como “eficiente, pragmática y responsable” y la de la llamada izquierda radical como “ineficiente e irresponsable” no satisface nuestra prueba empírica — a excepción del caso venezolano. De hecho, hay que hacer una mención especial de los sorprendentemente malos resultados globales de Venezuela como ejemplo de la llamada izquierda radical. Irónicamente, en el caso de este país coinciden las predicciones tanto de la Hipótesis A como de la hipótesis B, en su variante de izquierda mala o radical. Sin embargo, la injerencia extranjera de Estados Unidos, las sanciones y el bloqueo económico deben tenerse en cuenta en el colapso de Venezuela desde 2014. La evaluación empírica no sustituye el análisis de los procesos de empoderamiento desde abajo, pero sí permite delimitar con mayor precisión el alcance real de las transformaciones estatales. Para los activistas sociales progresistas, persiste la esperanza de que el empoderamiento de las clases trabajadoras y la promoción de políticas progresistas puedan dar sus frutos, incluso en un mundo capitalista neoliberal todavía dominante.

El principal desafío histórico para la izquierda es resolver lo que Richard Stahler-Sholk, Harry E. Vanden y Marc Becker (2014) llaman los “dilemas estratégicos” de la izquierda latinoamericana para forjar una gran confluencia entre la izquierda social autonomista, centrada en la sociedad civil, y la izquierda centrada en la sociedad política o el Estado en sentido estricto. Thea Riofrancos (2020, 2021) ha etiquetado a esta última vertiente como la izquierda-en-el-poder, mayoritariamente impulsora de un proyecto de desarrollo que viene de antes y está profundamente enraizado en la historia de medio milenio de extractivismo en América Latina. Por otro lado, está la izquierda-en-resistencia basada en las comunidades más afectadas por el extractivismo. Si estas dos vertientes de la izquierda no pueden hablar entre sí y ponerse de acuerdo sobre las formas de trascender el modelo extractivista hacia uno que sea autónomo y autosustentable, los avances hacia un proyecto general popular y progresista se enfrentarán a mayores desafíos. Las elecciones de 2022 en Colombia bien podrían convertirse en el primer caso de prueba de una alianza política de estas dos izquierdas: con el presidente Gustavo Petro procedente de la izquierda política y la vicepresidenta Francia Márquez procedente de la izquierda autonomista y comunitarista. Si sus respectivas bases logran ponerse de acuerdo sobre un programa común post-extractivista, Colombia podría convertirse en un modelo a imitar. El problema, claro, es que enfrentan un congreso en su contra, por lo cual esta alternativa tiene mucho camino que recorrer.

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Nota

1) Una discusión sobre el extractivismo en América Latina en el contexto posterior al auge de las materias primas puede encontrarse en LASA Forum, vol. 52, núm. 4 (octubre de 2021): https://forum.lasaweb.org/issues/vol52-issue4/