Maestro en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, en Artes por la Northwestern University y Doctor en Economía por la Universidad de Texas, Austin. Es fundador y consejero del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento. Actualmente es director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
A pesar del tono optimista con el que la Secretaría de Hacienda presenta su informe sobre la situación económica de México y las finanzas públicas al segundo trimestre de 2025, el documento revela tensiones estructurales que no deben ser ignoradas. La economía mexicana creció más de lo esperado y los ingresos tributarios siguen mostrando solidez pero, detrás de estos logros emergen signos de fragilidad que podrían comprometer la sostenibilidad del desarrollo en el mediano plazo.
Uno de los aspectos más preocupantes es el desplome de la inversión física pública, que registró una caída de más del 30 por ciento en términos reales. Este retroceso no solo responde a una base alta de comparación, sino a una ejecución presupuestal claramente menor en sectores estratégicos como energía, salud, educación e infraestructura. La inversión total impulsada por el sector público, incluyendo proyectos Pidiregas(1), también se redujo de manera significativa, lo cual debilita las bases del crecimiento futuro y afecta la capacidad del Estado para transformar la estructura productiva del país.
En paralelo, el gasto programable —aquél que define el rumbo de la política pública— cayó casi 8 por ciento, reflejando una contracción que golpea áreas sensibles de la gestión pública. Por ejemplo, las erogaciones en salud cayeron casi 19 por ciento, el gasto en medio ambiente se redujo a la mitad y el presupuesto de algunas dependencias como la Secretaría de Energía disminuyó más del 40 por ciento. No obstante, también hay que señalar que se destaca un incremento en pensiones y se presume el cumplimiento de metas fiscales. Pero en términos reales, el ajuste se ha hecho a costa de rubros que inciden directamente en el bienestar social y en la capacidad de transformación del aparato estatal.
Los ingresos tributarios crecieron de forma notable, impulsados por la recaudación del IVA y el ISR, pero los ingresos petroleros se desplomaron más del 22 por ciento. Pemex aportó mucho menos que en años anteriores y quedó en evidencia su creciente pérdida de peso fiscal. La dependencia del fisco hacia los impuestos internos aumenta, pero esto ocurre en un contexto en el que la inversión y el consumo privado comienzan a dar señales de desaceleración.
El costo financiero de la deuda creció más del 10 por ciento y representa ya el 3.3 por ciento del PIB, el nivel más alto en años. Aunque la estrategia de financiamiento privilegia instrumentos a tasa fija y largo plazo, la carga de intereses seguirá aumentando si no se logra un crecimiento más dinámico. La estabilidad de las finanzas públicas se mantiene, pero se hace cada vez más costosa y restrictiva.
La inversión privada tampoco da señales de fortaleza. La inversión fija bruta se contrajo y sectores como la construcción y la manufactura perdieron empleos en estos últimos años en el país. El mercado laboral creció solo en los servicios, especialmente en aquellos de baja productividad, mientras que la informalidad laboral y la participación laboral disminuyeron, con una salida de jóvenes y adultos mayores del mercado de trabajo.
Las remesas, uno de los pilares del consumo en muchas regiones del país, comenzaron a disminuir, arrastradas por una moderación en el empleo de mexicanos en Estados Unidos. Aunque el turismo ha mostrado dinamismo, no compensa la caída de otros ingresos externos, lo que podría presionar las cuentas externas si la tendencia se mantiene.
En la Ciudad de México, el gobierno capitalino no ha contratado deuda nueva durante el semestre, a pesar de tener autorizado un techo de endeudamiento. Esto revela una posible parálisis institucional o una incapacidad para movilizar recursos hacia la inversión urbana, en un contexto de necesidades crecientes de infraestructura y servicios.
En conjunto, el informe revela una tensión entre estabilidad fiscal y desarrollo. Las cuentas están en orden, pero se están logrando a costa de frenar la inversión, debilitar sectores estratégicos y contener el gasto en áreas clave. No se está sembrando crecimiento para proyectarse en el futuro, ni se están fortaleciendo las capacidades productivas del Estado. Si esta tendencia se mantiene, el equilibrio macroeconómico será insostenible, porque descansará sobre una economía cada vez más débil y dependiente de factores externos.
1.- Los PIDIREGAS (Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público) son obras de infraestructura pública financiadas por el sector privado y registradas de manera diferida en el gasto público federal.