El Primer acuerdo de colaboración voluntaria con plataformas digitales para combatir las violencias en el ámbito digital, anunciado el pasado 11 de marzo de 2026 en la Conferencia Matutina de la Presidencia de la República, y suscrito por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), y las empresas tecnológicas Google, Meta y TikTok, representa un avance en el reconocimiento del problema de la violencia en Internet, pero una respuesta insuficiente frente a su magnitud.

Los acuerdos voluntarios no crean obligaciones exigibles frente a los tribunales, no establecen mecanismos de verificación independiente, no contemplan sanciones legales ante su incumplimiento, y no garantizan el respeto del debido proceso de las denuncias. Más bien, delegan en las propias corporaciones la decisión sobre cuándo, cómo y en qué medida actuar, perpetuando así, una asimetría de poder en la que las plataformas dejan de rendir cuentas al fortalecer su modelo autorregulatorio.

Donde no existe regulación jurídica vinculante, las plataformas priorizan sus intereses comerciales por encima de la seguridad de las personas usuarias.

La violencia en el entorno digital, y dirigida, sobre todo, contra las mujeres, no es solo un problema de conductas individuales: es una grave problemática estructural que las plataformas de redes sociales incentivan, reproducen, amplifican y monetizan. El hostigamiento coordinado, la difusión no consentida de imágenes íntimas, el acoso sistemático y las campañas de odio, no solamente han logrado burlar los filtros de seguridad y moderación de contenido de cada plataforma, sino que han aumentado, a causa de la política algorítmica de las propias redes.

Gracias a su modelo de negocio, estas pueden viralizar o priorizar contenido ofensivo, denigrante o de agresión directa, por lo que urge tomar medidas para regular las plataformas, más allá de la simple detección y denuncia aislada de publicaciones violentas.

Desde el Tlatelolco Lab del PUEDJS-UNAM sostenemos que la protección de las mujeres frente a la violencia digital no puede quedar sujeta a la discrecionalidad corporativa ni a acuerdos voluntarios. Se requiere un marco regulatorio con fuerza de ley que establezca obligaciones claras para las plataformas: protocolos de atención expedita a las denuncias, sistemas verificables de remoción de contenidos violentos, prohibición del diseño algorítmico que amplifique el acoso, transparencia en la moderación de contenido, y sobre todo, responsabilidad legal de las y los directivos de las empresas tecnológicas ante la distribución de materiales que vulneren y violenten a las mujeres.

En el Tlatelolco Lab hemos expuesto y sostenido estos principios desde nuestro Decálogo de Derechos Digitales en Redes Sociales, donde llamamos a las autoridades competentes a poner alto a cualquier forma de agresión digital para garantizar la no discriminación y una vida libre de violencia en redes sociales.

También, hacemos un llamado al Congreso de la Unión a legislar con perspectiva de género en materia de regulación de plataformas digitales. La buena voluntad de las empresas tecnológicas no es garantía de derechos; solo la Constitución lo es.