Facultad de Derecho
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La salud mental… ¿será un derecho humano que, al estar estipulado en nuestras leyes, resulta fundamental para la democracia y el Estado de derecho?
¿Será una de esas modas absurdas que esta frágil “Generación de Cristal” se acaba de inventar en sus memes, sus tik toks, en su afán de no ponerse a estudiar o a trabajar?
¿Será un privilegio, exquisitez de la pequeña burguesía, que solo es problema de los whitexicans que residen en La Condesa?
Derivado de la pandemia de COVID-19, la salud mental se ha convertido en un foco de atención reciente. Esto podemos verlo incluso en los medios de comunicación, los cuales han informado sobre algunas estadísticas que reflejan que un vasto sector de la población ha sufrido, cuando menos, en este periodo de más de dos años de confinamiento, depresión, ansiedad, ataques de pánico, etcétera. El Economista, citando datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), asegura que la pandemia supuso un aumento del 15% al 50% tan solo en los casos de ansiedad: “Estar sin trabajo durante 2020 aumentó los riesgos para la salud mental. La evidencia muestra que las personas empleadas tienen menos probabilidades de informar síntomas de depresión y ansiedad que las personas desempleadas”.
Como si no fuera suficiente el debatirse entre el desempleo o los salarios precarios, carentes de prestaciones, la clase trabajadora de este país ha tenido que lidiar durante el último par de años, tanto con un virus mortal, como con el respectivo confinamiento que amenaza su integridad psicológica.
Lamentablemente, se necesitó un suceso tan trágico como la pandemia, para que los gobiernos y los medios empezaran a poner especial atención en temas tan urgentes como la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico o los brotes psicóticos, por mencionar solo algunos padecimientos.
No son enfermedades que hayan surgido durante o después de la pandemia, todas ellas existían previamente. Sin embargo, eran y siguen siendo profundamente estigmatizadas debido a que, ante una sociedad conservadora, acudir con un psicólogo o con una psiquiatra, para muchos sigue siendo inaceptable, pues inmediatamente se asocia con un estado de locura, y la locura, a su vez, con un estado de invalidez, o hasta como un insulto. De igual forma, a las personas que tienen problemas psicológicos o psiquiátricos, se les considera como débiles.
Dicho estigma le resulta útil a las estructuras económicas, políticas y sociales que propician el estado constante de explotación a la que es sometida la clase trabajadora. A partir del análisis sistemático de las ideas de autores como Karl Marx, Michel Foucault, Byung Chul Han y Zygmunt Bauman, el sociólogo Álvaro Soler Martínez concluye que el aumento en los casos de ansiedad, la depresión, los suicidios y demás problemas de salud mental se encuentran íntimamente ligados con lo que en términos filosóficos se denomina como alienación o enajenación, que podemos entender como “la extrañeza de nuestra propia identidad, la fragmentación del sujeto y la pérdida de sentido vital dentro de la maquinaria capitalista”.
Aún así, hay posibles rutas de salida para exigir el acceso a una salud mental gratuita y de calidad. Conforme a derecho, y de acuerdo con el artículo 4o de nuestra Constitución, todas las personas deberíamos tener acceso a atención médica y de esta forma proteger nuestra salud, lo cual también debería significar que el Estado garantice el fácil acceso a la atención de la salud mental.
Pero en la realidad, esta atención no se encuentra al alcance de todas y de todos, pues si bien instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), brindan atención psicológica y psiquiátrica gratuita, las personas que no se encuentran afiliadas o vinculadas a ninguna de las anteriores, no pueden tener acceso a ella.
Desde un punto de vista muy particular, y como paciente de ambas especialidades, yo, Laura Lara, considero que la salud mental es en teoría un derecho, que en la realidad se ha convertido en un privilegio, pues en primer lugar no es fácil acudir a una cita psiquiátrica sin ser señalado o discriminado. Asimismo, es difícil encontrar información accesible para todo público sobre aquellas instituciones o fundaciones que brindan asistencia de manera gratuita. En mi experiencia personal, yo pude enterarme de algunas porque para mí es fácil acceder a un celular inteligente o a una computadora y buscar información sobre el tema, pero qué sucede con la población que desconoce la manera de utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación? ¿O con aquella población que, por cuestiones económicas, le es imposible acceder a ellas?
Analizando la situación de esta manera, nos queda claro que siempre existe un sector que queda relegado de este derecho, lo que lo convierte en realidad, en un privilegio. También debemos contemplar que no todas las personas son conscientes de que tienen un padecimiento mental y muchas veces aquellos que lo saben no lo expresan o no buscan ayuda por vergüenza. Por ello reiteramos que la salud mental es un privilegio en virtud de que solamente pueden acceder a ella las personas que logran salir del rezago económico y educativo del país.
Diego Badillo, de El Economista, lo explica mejor: “De acuerdo con el gobierno federal, en México, sólo dos de cada 10 personas con algún problema o condición mental que requiere atención la obtiene y aquellas que logran ser atendidas, no siempre reciben la adecuada”.
Lo anteriormente expuesto resulta más complejo si lo vemos desde un enfoque de políticas públicas, pues en el país sólo existen poco más de 4 mil psiquiatras para atender a toda la población. El pasado mes de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la llegada de especialistas médicos procedentes de Cuba, argumentando la necesidad de cubrir la demanda en las zonas más alejadas del país. En ese sentido, queda la pregunta de si se incluyó en el acuerdo a especialistas en salud mental.
Referencias:
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