En los últimos años, pocas palabras han adquirido tanta centralidad en el lenguaje político mexicano como “bienestar”. A partir de la llegada de la Cuarta Transformación, el término dejó de designar únicamente un concepto asociado al desarrollo social para convertirse en el eje articulador de toda una narrativa de gobierno. Hoy aparece en programas sociales, instituciones públicas, políticas sectoriales y productos que circulan en el mercado. La pregunta relevante no es por qué está en todas partes, sino que hace cuando aparece en la narrativa política.

El proceso de consolidación de este discurso comenzó durante la campaña presidencial de 2018 de Andrés Manuel López Obrador. El bienestar fue presentado como la orientación central del nuevo proyecto de país: el Estado recuperaría un papel activo en la redistribución de recursos y en la atención de sectores históricamente excluidos. Bajo esa lógica, el término se convirtió en una síntesis capaz de condensar una agenda amplia y heterogénea: transferencias directas, programas sociales, desarrollo regional y reformas institucionales. Un solo concepto para ordenar un proyecto político.

Con el tiempo, esa condensación trascendió en la conversación cotidiana. En redes sociales circula el meme de “ponerle bienestar a todo”: aunque aparentemente trivial, revela que la narrativa gubernamental ha logrado instalarse en el lenguaje común. Esto no ocurre por accidente. Ocurre porque el discurso político, cuando funciona, no solo describe políticas: construye el marco simbólico desde el cual la sociedad interpreta su realidad y su vínculo con el poder político.

Para entender este fenómeno vale recurrir a dos marcos analíticos complementarios. El primero es el de Douglass North, quien describe las instituciones como las reglas del juego que estructuran la interacción política, económica y social. Esas reglas adoptan dos formas: las formales —constituciones, leyes, normas— y las informales —costumbres, valores compartidos, códigos de conducta. Las políticas públicas operan en ese cruce: tienen un fundamento legal, pero también pretenden moldear prácticas y valores colectivos. Leído desde esta perspectiva, el bienestar no es solo es una palabra más en el discurso: es un intento de redefinir las reglas informales que organizan la relación entre ciudadanía y Estado.

El segundo marco es el de Guadalupe Salmorán Villar, investigadora del IIJ-UNAM, quien en su libro Populismo. Historia y geografía de un concepto explica cómo el populismo utiliza el lenguaje político para presentar ciertas ideas como indispensables para la legitimidad del poder. Su análisis identifica tres operaciones discursivas recurrentes: la apelación a una voluntad unitaria del “pueblo” como fuente de legitimidad, la construcción de un antagonismo entre ese pueblo y las “élites corruptas”, y la promesa de restaurar la soberanía popular eliminando intermediaciones institucionales. Las tres operaciones están presentes en la narrativa del bienestar.

La apelación al pueblo como destinatario exclusivo de las políticas —“para el pueblo”— construye una voluntad colectiva que homogeneiza diferencias internas. El antagonismo con las élites, encarnadas en organismos autónomos, partidos de oposición o medios críticos, legitima decisiones que de otro modo requerirían justificación técnica. Derivada de su legitimidad de origen en las urnas de la mano con la promesa de una relación directa entre gobierno y ciudadanía, sin mediaciones burocráticas, posiciona las transferencias directas como acto de soberanía popular, no como política social convencional. El resultado es un discurso que convierte programas públicos en instrumentos de construcción de identidad política y políticas de estado.

Esto no significa que las políticas asociadas al bienestar carezcan de efectos materiales. Los programas de transferencia directa han incrementado los ingresos de millones de hogares, y hay evidencia de que han modificado dinámicas de dependencia y clientelismo previamente arraigadas. Pero ese efecto real coexiste con un problema de diseño discursivo: cuando una política se presenta como expresión de la voluntad popular y no como decisión técnicamente justificable, se vuelve inmune a la evaluación. De ese modo, cuestionar el diseño o la focalización de una política  o reforma política se convierte, dentro de esa lógica, en una agresión al pueblo.

Esta dinámica se vuelve más visible cuando se examina lo que la narrativa del bienestar hizo con las instituciones autónomas. Bajo la 4T, varios organismos diseñados para operar con independencia del ejecutivo —el INAI, la COFECE, el IFETEL— fueron debilitados o eliminados bajo el argumento de que respondían a intereses de élite y no al pueblo. El INE fue reformado con argumentos similares. En todos los casos, la narrativa del bienestar funcionó como cobertura discursiva para procesos de concentración de poder: no se presentaron como decisiones políticas sujetas a deliberación, sino como correcciones necesarias para que el Estado pudiera realmente servir al pueblo.

El caso de la reforma electoral es el más ilustrativo porque es donde la operación discursiva se vuelve más explícita. La justificación presidencial no descansó en un diagnóstico técnico del sistema electoral ni en una evaluación comparada de sus fallas: descansó en la afirmación de que el INE era un organismo capturado por las élites que impedía la expresión auténtica de la voluntad popular. El bienestar funcionó ahí como horizonte normativo que justificaba rediseñar las instituciones electorales para que el verdadero pueblo pudiera expresarse sin obstáculos. El problema es que entre los obstáculos eliminados se encontraban controles democráticos fundamentales: la autonomía del árbitro electoral, los mecanismos de representación proporcional y los contrapesos institucionales al poder ejecutivo.

Bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum y la narrativa del “segundo piso de la transformación”, la presencia del término no ha disminuido. Más allá del contenido viral —los llamados “chocolates del bienestar”— lo relevante es que el concepto sigue articulando políticas con consecuencias institucionales reales. El programa “Mi Escuela Saludable” y la restricción a la venta de comida chatarra en escuelas pueden evaluarse en sus méritos: hay evidencia internacional de que este tipo de intervenciones reduce el consumo de alimentos ultraprocesados entre menores. Pero la forma en que se presentan —como extensión del bienestar del pueblo frente a los intereses de la industria alimentaria— reproduce la misma operación discursiva: convierte una política pública en acto de soberanía popular, sustrayéndola del debate técnico donde debería ocurrir.

Las narrativas de ese modo no son decoración retórica. Son, retomando a North, parte de las reglas informales que estructuran cómo una sociedad entiende la legitimidad del poder y los criterios con los que evalúa las decisiones públicas. Una narrativa que convierte toda política en expresión de la voluntad popular tiene un efecto institucional preciso: vacía los criterios técnicos y democráticos con los que deberían valorarse las decisiones de gobierno. El bienestar, en ese sentido, no es solo una promesa: es un mecanismo que dificulta la rendición de cuentas, porque poner en cuestión el diseño de una política equivale, dentro de esa lógica, a cuestionar al pueblo mismo.

El verdadero desafío para los próximos años no es determinar si las políticas del bienestar tienen efectos positivos —muchas los tienen. El desafío es recuperar la capacidad colectiva de evaluarlas críticamente con independencia del marco narrativo que las envuelve. Eso implica fortalecer instituciones con autonomía real, sostener espacios de evaluación técnica independiente y resistir la lógica que convierte el cuestionamiento en traición. Porque cuando las palabras que dominan el debate público dejan de describir la realidad y empiezan a construirla, la primera víctima no es la verdad: es la posibilidad de rendir cuentas.