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Facultad de Derecho
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El caso de Rocha Moya, a quien le fue solicitada su extradición el 29 de abril de 2026, generó un gran escándalo debido a que fue la primera vez que se hacía una acusación de este tipo a un gobernador en funciones. A pesar de que volvió por segunda vez a su cargo y solicitó nuevamente una licencia, esta vez indefinida, debido a la presión política y social, un juicio político sigue pendiente, ya que la soberanía mexicana no solo se trata de defender a los mexicanos frente a una posible injerencia extranjera, sino que también significa juzgar y sentenciar cuando es necesario.
Su extradición fue solicitada a través del Departamento de Justicia de EE. UU., por presuntos vínculos con el narcotráfico y el tráfico de armas, argumentando a favor de la seguridad nacional estadounidense y combatiendo así el tráfico de drogas que llega a su territorio. Sin embargo, cuando se trata de acusaciones hechas por una potencia extranjera con una gran política intervencionista, es necesario cuestionar los posibles intereses políticos y estratégicos que existen detrás de dichas acusaciones; especialmente cuando esta misma ha presentado a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, llegando así a ser interpretado como un instrumento más para justificar acciones agresivas e intervencionistas.
Existen precedentes donde las solicitudes de extradición de EE. UU. se han llevado a cabo sin respetar el debido proceso, es decir, sin respetar los derechos humanos y sus garantías, como lo son el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el acceso a un procedimiento conforme a la ley. Por ejemplo, el caso de Maduro, donde las acusaciones hacia el presidente venezolano fueron motivadas bajo el argumento de que este colaboraba con el Cártel de los Soles, cuya existencia como organización criminal ha sido ampliamente cuestionada.
Otro gran precedente son los hechos ocurridos el 27 de febrero de 2025, cuando México entregó a 19 presuntos integrantes del crimen organizado a Estados Unidos bajo la amenaza de aumentar un 25 % de aranceles a México si este no aumentaba las acciones contra el narcotráfico y la migración. Se señala que dicho proceso no cumplió con el procedimiento de extradición, dejando sin mecanismos de defensa a los acusados, donde existía una posible sentencia de pena de muerte. Además, también se cuestiona en dicho caso que ni siquiera se contaba con una solicitud formal de extradición de EE. UU.
La soberanía se ve vulnerada cuando se entrega a una persona a un gobierno extranjero sin que se hayan cumplido las condiciones legales que permiten esta entrega, permitiendo que una autoridad extranjera determine quién debe o no ser detenido y juzgado dentro de nuestro territorio. También se vulnera cuando se permite que el crimen organizado gobierne con impunidad nuestro país. Respetar el debido proceso no significa encubrir criminales, significa defender que sean el Estado mexicano y sus instituciones quienes determinen la culpabilidad de una persona; es en ese preciso momento donde México tiene la oportunidad de combatir la impunidad y el narcotráfico.
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