Cada vez que ocurre una tragedia que pudo prevenirse, el sistema nos recuerda que somos vidas que arriesgan su seguridad y su salud por una ciudad que olvida a quienes la sostienen cada día. Vivimos riesgos que no elegimos, y sufrimos, día a día, las deficiencias estructurales. No, no es casualidad que las periferias tengan que enfrentar inseguridades, largos traslados, abandono y desigualdades que se expresan en formas de violencia cotidiana.

Un ejemplo de esto son las líneas A y B del Metro de la Ciudad de México, que desde el inicio fueron pensadas como alimentadoras y nunca como parte de la red principal, presentan fallas constantes, arrastran una mala planificación desde su origen y, aun así, transportan diariamente a un flujo enorme de personas. La Línea A es una de las rutas más importantes para quienes vienen del oriente hacia la Ciudad de México. Aunque su terminal está en La Paz, desde ahí se conectan día tras día miles de personas que llegan desde Chimalhuacán, Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco y zonas cercanas de Nezahualcóyotl. Para muchas de estas comunidades la Línea A es la única forma práctica de llegar a la capital.

El problema es que esta línea fue construida con vías férreas para reducir costos: un sistema más barato, pero también más propenso al desgaste, con mayor vibración y ruido. Esto implica que necesita mantenimiento constante, pero no siempre lo recibe. En horas pico suele sobrecargarse, y un recorrido que debería durar de veinticinco a treinta y cinco minutos puede alargarse hasta una hora. Además, cualquier lluvia fuerte puede provocar inundaciones o interrupciones del servicio. Cuando esto sucede, miles de personas se quedan sin alternativas reales para continuar su viaje.

Por otro lado, la Línea B conecta a una gran parte del nororiente metropolitano, en particular a las zonas de Ecatepec, Ciudad Azteca y partes de Nezahualcóyotl. Si bien opera con rodadura neumática, su construcción ocurrió durante una etapa de crisis económica, por lo que recibió trenes MP-68 rehabilitados o reciclados. Esta decisión inicial marcó su funcionamiento actual. Con el tiempo, la línea ha evidenciado diversas carencias. En mayo de 2025 una deformación en la vía entre Bosque de Aragón y Deportivo Oceanía obligó a suspender el servicio. A esto se suman apagones, retrasos y una operación cada vez más lenta. Como en la Línea A, la sobrecarga diaria de usuarios hace que cualquier irregularidad complique las maniobras del personal y dificulta mover o evacuar a los pasajeros hacia rutas alternas.

Y justo ahí es donde vimos el colapso de la Línea 12 en el tramo elevado, y la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa. No son desperfectos ni accidentes aislados, son síntomas de una violencia estructural que opera en silencio, hechos que responden a decisiones, omisiones y prioridades que históricamente han relegado a las periferias a servicios de menor calidad y a riesgos mayores. Las líneas A y B del Metro nacieron marcadas por la segregación y el estigma social. Desde su origen fueron tratadas como infraestructura de segunda categoría: sistemas más baratos, menos cuidados y más propensos al desgaste. Esta diferencia no es técnica ni casual, ¡es política! 

Cuando el Estado ignora a las periferias no solo las deja abandonadas, las transforma en territorios más vulnerables, más peligrosos y con menos opciones. Cada fallo, cada interrupción, cada tramo deteriorado, cada tragedia “inesperada”, reafirma que las consecuencias de ese abandono recaen siempre sobre las mismas personas: quienes madrugan, quienes pasan horas en el transporte público, quienes sostienen la economía desde trabajos precarizados y mal reconocidos. No somos una cifra ni una estadística para justificar presupuestos o informes. Somos personas reales, con vidas, con tiempo, con familias, seres humanos que solo quieren regresar a casa de manera digna y segura.