El examen de admisión a la UNAM del año 2026 será recordado por muchos, incluso por los que no presentamos dicha prueba, como el momento en el que se llevó a cabo una batalla campal en redes sociales; evento que reflejó, en buena medida, el sentir y pensar de la sociedad mexicana.

Recordemos un poco cómo comenzó este fenómeno, justo el día en que se publican los resultados del examen (implementado por primera vez de manera virtual). Estos, por sí mismos, no causaron la posterior ira colectiva, ya que solo reflejaban inconsistencias estadísticas y un aumento exponencial de aciertos mínimos requeridos en carreras de alta demanda (Medicina, Derecho, Administración, por mencionar algunas). 

Sin embargo, después de la publicación de los resultados es cuando algunos aspirantes seleccionados celebraron en redes sociales la “maravilla” del uso de Inteligencia Artificial (IA) para contestar el examen de admisión. Cabe aclarar que México no es ajeno a este tipo de situaciones, con anterioridad han existido fraudes en las mismas áreas de conocimiento en países como Corea, Reino Unido o Estados Unidos.

Sin embargo, en México, este fenómeno se puede entender como consecuencia de una “cultura del atajo”. Durante toda nuestra vida hemos escuchado la frase “El que no transa, no avanza”. Si analizamos este tipo de principios llevados a la acción, en el contexto social y político que atraviesa actualmente el país, podemos identificar que son resultado de la normalización de la corrupción en actos propios o ajenos. 

No obstante, estos comportamientos pueden entenderse como el resultado de un sistema de educación desigual, donde la posibilidad de acceder al éxito y el reconocimiento social, mediante el acceso a la universidad, se reduce a unos cuantos beneficiados, excluyendo a un gran porcentaje de aspirantes que, en su afán de ingresar a la escuela, hace uso de prácticas no adecuadas. En este sentido, las trampas y cualquier “palanca” que permita burlar la segregación, resultan ser “justificadas”, en función de los “beneficios” de acceder a la educación, a un trabajo digno y un mejor nivel socioeconómico.

Poco después de la publicación de los resultados, se dio a conocer información, en forma de capturas de pantalla de diversas aplicaciones de mensajería, la existencia de hackers, falsos aspirantes y escuelas que aparentemente solo se dedican a dar cursos para el examen de ingreso, pero que realmente venden servicios de resolución del examen en tiempo real. Estas prácticas refuerzan la idea de la cultura del atajo. 

Si bien, hablamos de aspirantes que normalizan la trampa para lograr tener un lugar en la universidad, “el atajo”, como práctica, permea en diversas esferas de nuestra vida social. Por lo tanto, en este caso, se debe reconocer que existen diversos factores estructurales que posibilitan este tipo de prácticas, entre ellos, el factor de la ganancia económica de quienes venden sus servicios antieticos. 

Considerando que la cultura del atajo no se enmarca solo en la búsqueda de un buen desarrollo socioeconómico, ya que influyen otros motivantes, lo cierto es que, muchas de las veces, estas prácticas evidencian actitudes individualistas como consecuencia de la falta de oportunidades, aún sin importar el precio o las consecuencias que se deben pagar por llevarlas a cabo.

¿Qué reflexión nos deja el fenómeno suscitado en la UNAM? Primero, el alto número de aspirantes a la universidad se enfrenta a una realidad educativa desigual. Por lo tanto, si de inició, existe un desbalance en las condiciones materiales de cada uno y una de las aspirantes, y a esto se agrega el hecho de que la mayor casa de estudios de México no tiene los lugares suficientes, se concluye que la educación sigue siendo un privilegio en un país como el nuestro. 

En segundo lugar, esta crisis constituye una polémica más relacionada con la cultura del atajo en el ámbito universitario. En los últimos años se han dado a conocer otros tipos de fraudes que evidencian hasta qué punto se ha normalizado recurrir a un “atajo” para obtener beneficios o evadir las consecuencias de determinadas acciones.

A partir de ello, la discusión nos lleva a cuestionarnos cuáles son los límites sociales de querer avanzar mediante “transas”. Si bien no es lo mismo utilizar una IA para responder un examen que ofrecer un soborno para evitar una multa, debemos considerar el contexto en el que surgen las justificaciones para este tipo de “ventajas”. Esto nos lleva a preguntarnos si el concepto de corrupción puede volverse moldeable y depender de las circunstancias personales, del contexto social o incluso de la oferta y la demanda de este tipo de actividades.

Finalmente, también es necesario dimensionar las consecuencias que este fenómeno puede tener en un futuro cercano. Es posible que quienes ingresen este semestre enfrenten una fuerte carga social derivada de los estigmas relacionados con el problema. En este sentido, y considerando que en México ya existe una crisis vinculada con la usurpación de profesiones, cabe preguntarnos: ¿seguiremos permitiendo que la cultura del atajo permee cada aspecto de nuestra vida social? Si la respuesta es sí, ¿buscar el “hueco legal” para sobresalir debe entenderse como una práctica reconocible dentro de nuestra cultura o, más bien, como una consecuencia de las deficiencias de un sistema que genera desigualdad y limita las oportunidades?