En el momento en el que hablamos de violencia en el ámbito universitario, es habitual pensar en golpes, gritos o disputas que llegan a acaparar los titulares; pero la violencia también se puede instalar en lo cotidiano, en una mirada que descalifica, en un comentario disfrazado de broma, en la indiferencia de un profesor ante la discriminación de un estudiante o en el silencio de quien prefiere callar para no exponerse. Esa violencia, por así decirlo, invisible, atraviesa la vivencia universitaria con más fuerza de lo que se reconoce e incluso acaba dejando marcas profundas en quienes la sufren.

Recientemente, un diagnóstico elaborado por alumnas y alumnos de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) permitió poner números a lo que desde hace tiempo se vivía como impresiones e incomodidades en el paso por dicha institución, evidenciando un panorama preocupante: el 50 % del alumnado declara que ha vivido o presenciado experiencias de exclusión, también un 50 % destaca haber sufrido o haber sido testigo de situaciones de acoso, y un porcentaje muy similar declaró haberse sentido distanciadx del resto de la comunidad. Lo que parecía algo hablado es, en realidad, un fenómeno estructural que no se remedia a partir de dar explicaciones rápidas.

En la medida en que observamos las causas, resulta obvio que la exclusión no es casual, pues el 56 % de lxs estudiantes reconoció que la situación económica es la causa principal; junto a dicha causa, un 14 % habló de la orientación sexual, sumando en total el 70 % de las causas que enumeraron lxs estudiantes y que marcan distancias dentro del aula. Lo que valida que la desigualdad social no se detiene a las puertas de la universidad, ya que quien llega con menos recursos, o bien con una identidad distinta, es quien encuentra barreras que limitan no solo las posibilidades de aprendizaje, sino que también ponen en duda el sentido de pertenencia.

Bajo esa circunstancia, la comunidad LGBTQ+ expone de una forma bastante directa el porcentaje de esta vulneración, ya que más de la mitad reconoce haber recibido discriminación en su vida académica y un 55 % indica no poder expresarse de forma segura sobre su identidad de género u orientación sexual dentro de la universidad, lo que visibiliza que un espacio que debería velar por la libertad de las personas que lo habitan, aún hoy es capaz de generar miedo en parte de su población. Por si eso fuera poco, la cuestión no hace hincapié únicamente en la relación de pares, ya que un 27 % menciona que la discriminación proviene de la figura docente o del personal administrativo, lo que pone de manifiesto que las dinámicas de exclusión no solo forman parte de la cotidianidad de la relación entre pares, sino que atraviesan toda la institución.

Ahora bien, el 63 % de los participantes en el estudio afirman que los docentes también participan de estas prácticas, lo que efectivamente levanta una pregunta fundamental: ¿cómo se puede formar a lxs futurxs profesionales para que muestren sensibilidad hacia la justicia social si en el aula se reproduce lo que se pretende cambiar?

Por otra parte, no se ven mejores horizontes en relación con las opiniones que se vierten respecto de las autoridades, ya que 6 de cada 10 estudiantes afirman que las unidades académicas no disponen de recursos para atender la condición de exclusión y un 65 % de lxs encuestadxs cree que las autoridades no tienen un compromiso verdadero por garantizar un trato justo. Esta situación hace evidente la distancia entre lo que las autoridades dicen y lo que realmente se vive en la universidad. Esto genera desconfianza, provoca que muchas personas no denuncien y permite que la violencia continúe, porque se asume que no habrá una respuesta real.

A pesar de este panorama, aparece una señal de esperanza, ya que un 98 % del estudiantado afirma la necesidad de contar con servicios de apoyo, tales como atención psicológica, tutorías y grupos de acompañamiento. Este consenso pone de manifiesto que la comunidad universitaria reconoce el problema y demanda soluciones, lo que va a propiciar que se puedan ir generando cambios desde la participación y no solamente desde los acuerdos administrativos.

Hablar, entonces, de violencia en la universidad no tiene que ser expresado en términos de una indignación temporal, sino que es necesario poner de manifiesto que la exclusión se ha instalado en la cotidianidad y que esta normalización va fragmentando el tejido comunitario, porque la violencia cotidiana no deja siempre huellas visibles, pero va deshaciendo la confianza, va desanimando la participación y va empobreciendo el aprendizaje. En ese sentido, quien siente que es excluido o discriminado nunca podrá aprovechar la universidad de la misma manera que quien sabe que es aceptado y está seguro.

Por lo tanto, este diagnóstico hecho por lxs alumnxs de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) proporciona muchas pistas para poder abordar este reto, proponiendo establecer espacios seguros donde el estudiantado pueda expresarse sin miedo, protocolos de actuación claros en situaciones de desigualdad que no solamente queden sobre el papel, formar al conjunto de la comunidad universitaria en diversidad y en derechos humanos como parte integrante de la vida académica y no como simples cursos, y fomentar la cultura de la corresponsabilidad para poder intervenir si alguien sufre exclusión.

Otro punto importante es que muchas personas no se sienten responsables de intervenir. El 50 % del estudiantado cree que hacerlo depende de la situación, lo que muestra una falta de compromiso colectivo y explica por qué, en muchos casos, se opta por no actuar. Así, cambiar esta mentalidad se hace imprescindible, pues la construcción de un clima respetuoso no puede recaer solamente en quienes son víctimas ni en las autoridades, ya que todas las personas educativas deben participar en la educación y la práctica efectiva del respeto.

Así, la universidad está en una encrucijada entre mantener protocolos generales que no tienen respuesta con respecto a la vivencia experiencial, o bien ser un modelo de inclusión. La diferencia no estará en los discursos, sino en cómo convertir los diagnósticos en acciones concretas, ya que los números dan cuenta de la urgencia: la exclusión no es una excepción, sino parte de la vida cotidiana. De ahí que la primera de las tareas no sea la de diseñar políticas, sino la de romper la inercia mediante la cual la violencia se convierte en la naturalidad de las propias relaciones cotidianas. La paz universitaria no se logra por el hecho de mostrar carteles ni por una frase oficial, sino que se construye cuando un profesor se halla en la posibilidad de relacionarse desde el respeto con toda su clase, cuando un grupo se mentaliza en abrir espacio a la persona que llega desde la periferia, cuando un pasillo deja de ser el campo de las burlas y se convierte en un espacio de encuentro.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene la fuerza, en cuanto institución de educación pública y de educación superior en México, y la responsabilidad de dar ese paso, pues no se trata de inventar el agua tibia, sino de escuchar lo que la misma comunidad ha dicho y actuar en función de ello. Los datos que arroja el diagnóstico elaborado por lxs alumnxs de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) son muy claros y trazan un mapa para transformar la institución; el reto, entonces, es que esos datos se conviertan en decisiones que, a su vez, transformen el ambiente universitario, devolviendo la confianza a quienes hoy se sienten excluidos.

La última pregunta para reflexionar desde nuestros hogares y nuestras escuelas sería: ¿aceptaremos la exclusión como parte de la vida en la universidad o vamos a trabajar para que cada aula y cada pasillo sean espacios de respeto y paz?