México, país catalogado en vías de desarrollo, enfrenta el desafío de sostener instituciones educativas que respondan a estándares internacionales. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), considerada la máxima casa de estudios del país, ha sido históricamente el principal motor de formación profesional y científica. Sin embargo, el ranking QS 2026 la colocó en el puesto 136, después de haber estado en el 94, lo que refleja los límites estructurales de la educación superior nacional.

La UNAM concentra la mayor demanda de ingreso en México: más de 250 mil aspirantes al año, de los cuales sólo alrededor del 10% logra ingresar, principalmente por pase reglamentado. Para el ciclo 2025-2026, se aceptaron 48 mil 560 estudiantes, cifra menor que en años previos, evidenciando una disminución sostenida en la matrícula de nuevo ingreso. Pese a ello, sigue siendo una de las universidades más grandes del continente, con más de 375 mil estudiantes y 43 mil académicos, según la Agenda Estadística 2025.

Aunque la universidad intenta ampliar su cobertura, la limitación en la oferta educativa no depende exclusivamente de ella, sino del Estado mexicano, responsable de garantizar el acceso a la educación pública. En este sentido, formar parte de ella se ha convertido en un privilegio, y quienes logran ingresar enfrentan serias dificultades económicas y sociales para mantenerse en sus estudios.

Los retos económicos

El problema económico de los universitarios va más allá de la solvencia individual: refleja la estructura desigual del país. México, pese a ser la 13.ª economía mundial, es uno de los países con mayor desigualdad. Mientras una minoría concentra la riqueza, amplios sectores viven con salarios precarios. Según Oxfam (2024), el 1% más rico del planeta concentra una riqueza suficiente para erradicar 22 veces la pobreza mundial.

En México, los estudiantes provienen principalmente de la clase media, con mejores condiciones económicas y acceso a recursos, lo que incrementa su permanencia en el sistema educativo. En cambio, quienes pertenecen a la clase baja, definidos por el INEGI como hogares con ingresos promedio de 11,343 pesos mensuales, enfrentan mayores obstáculos para continuar sus estudios. Los hijos de campesinos, obreros o familias de provincias deben cubrir gastos de transporte, alimentación, materiales y, en muchos casos, rentas superiores a los 5 mil pesos mensuales.

Ante ello, muchos optan por empleos informales o de medio tiempo, lo cual afecta su rendimiento académico y eleva las tasas de deserción. Existen alternativas de alojamiento, como la Residencia Estudiantil I.S.B., la Casa Nacional del Estudiante “José Yves Limantour” o la Casa Nacional del Estudiante Calmécac, vinculada a la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR). Esta última es un movimiento estudiantil que lucha y busca mejorar las condiciones educativas de México; entre sus acciones, se ha preocupado por dar alojamiento a decenas de jóvenes que estudian en Ciudad Universitaria y otras instituciones de la UNAM. Su capacidad es muy limitada y carece de apoyo gubernamental, lo que revela la ausencia de una política universitaria de vivienda estudiantil, a diferencia de otras naciones que sí la contemplan.

Los retos sociales

Los problemas económicos se entrelazan con los retos sociales derivados de la desigualdad estructural. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2023), México ocupa el lugar 81 de 193 países en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), con un valor de 0.789. Aunque se reportan avances, las brechas internas persisten. Por su parte, el coeficiente GINI (0.371 en 2025) muestra una ligera reducción de la desigualdad, pero los indicadores sociales revelan precariedad en vivienda, empleo, salud y seguridad, lo que afecta directamente al estudiantado.

Las políticas sociales implementadas desde 2018 por el nuevo régimen buscan reducir dichas brechas, pero sus resultados han sido parciales. Algunos programas fueron eliminados o modificados, mientras que las instituciones encargadas de evaluar su efectividad han sido debilitadas. En consecuencia, muchos estudiantes deben abandonar sus estudios para apoyar económicamente a sus familias, ya sea por enfermedad, desempleo o falta de recursos, mostrando cómo la crisis social impacta en la permanencia universitaria.

La UNAM ofrece diversas becas y apoyos económicos, pero éstos resultan insuficientes frente al tamaño de su matrícula y las restricciones presupuestales. De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), México invierte solo 3.2 % del PIB en educación, por debajo del promedio internacional recomendado (4 %–6 %). En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, el gasto en educación, ciencia y cultura representa el 12.5 % del gasto neto total. A la UNAM se le asignaron 52 mil millones de pesos de subsidio federal, apenas un 3.5 % más que el asignado en 2024. Con ingresos propios ascienden a 5 mil millones.

Estos datos confirman que los recursos destinados a la educación superior son insuficientes para garantizar equidad y permanencia, perpetuando los retos estructurales que afectan a los universitarios.

El papel del Estado y la función del estudiante

El texto sostiene que la responsabilidad última recae en el Estado mexicano, el único con capacidad legítima para redistribuir la riqueza mediante el gasto social. Sin embargo, la política económica neoliberal y las desigualdades históricas han limitado su alcance. La concentración de riqueza en manos privadas y la falta de políticas redistributivas profundizan la precariedad educativa.

Por ello, se considera urgente que los jóvenes universitarios retomen un papel activo en la vida política nacional, comprendiendo los fenómenos económicos y de decisión pública que determinan su futuro. La falta de organización estudiantil y el desinterés político generan un vacío en la defensa de los derechos educativos y sociales.

La historia mexicana demuestra que los movimientos estudiantiles han sido motores de transformación social y política. Retomar ese papel implica volver a situar a la universidad como espacio crítico frente a las desigualdades, exigiendo mayores presupuestos, mejores condiciones materiales y un sistema de apoyo integral que permita estudiar sin que la pobreza o las presiones sociales sean obstáculos.

Conclusión

Los retos económicos y sociales que enfrentan los estudiantes de la UNAM reflejan la desigualdad estructural del país y la insuficiencia de las políticas públicas. El limitado acceso, la falta de apoyos y la concentración de recursos impactan directamente en la educación superior. En consecuencia, la permanencia universitaria se convierte en una lucha cotidiana.

La educación, entendida como un derecho, requiere de un Estado comprometido con la justicia social. Solo mediante una redistribución equitativa de la riqueza, inversión sostenida en educación y una política económica en favor de los trabajadores, podrá garantizarse que la universidad pública siga siendo el espacio de movilidad social y conciencia crítica que México necesita.