La reducción de la violencia en el país, incluida la disminución de homicidios y el diseño de una estrategia de seguridad, exige un análisis mucho más profundo del fenómeno de la violencia en México. Aunque el tema adquirió gran relevancia en 2012, su complejidad se ha transformado de manera acelerada. Pienso en mi yo de aquella época, cuando al escuchar la palabra familia inevitablemente la asociaba con “La Familia Michoacana”. Esa anécdota personal se entrelaza con la de otras generaciones, como la del experto y mi maestro en la Facultad Armando Vargas, quien recuerda que, en su caso, al hablar de “la Barbie” pensaba en un sicario. 

Y tú, querido lector, ¿Qué recuerdas de aquel repunte de violencia en 2012, en plena guerra contra el narco? Ojalá nada parecido a la práctica de no registrar a tus contactos con nombre, ni “mamá” ni “hermano” por miedo a que, si te robaban el celular, fueras víctima de extorsión. Esa normalización del miedo cotidiano revela hasta qué punto la inseguridad puede entrar en nuestra vida y modificar ciertos hábitos en la vida cotidiana.

Estas anécdotas personales evidencian el impacto que tiene un diagnóstico deficiente en materia de seguridad, y cómo estos errores terminan afectando la forma en que las nuevas generaciones entienden y viven su entorno. 

En 2025, casos como el del Rancho Izaguirre en Jalisco, el reclutamiento creciente de jóvenes por parte del crimen organizado, las desapariciones forzadas y el hallazgo recurrente de fosas clandestinas muestran que es indispensable colocar en la agenda pública nuevas preguntas: ¿cómo se deben medir las modalidades de violencia?, ¿se está reduciendo realmente la violencia en el país?, ¿hay manipulación de datos?, o ¿las estrategias actuales simplemente no son suficientes frente a la crueldad y diversificación de los delitos?

Estas reflexiones resultan necesarias para replantear el rumbo de la política de seguridad. En México se mata porque se puede y porque se quiere; las acciones concretas que se despliegan responden más a coyunturas que a una verdadera voluntad política. A inicios de noviembre de ese mismo año ocurrió el asesinato de Carlos Manzo en Michoacán, hecho que motivó la implementación del llamado Plan Michoacán. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿por qué únicamente Michoacán? En cada elección, ser candidato o funcionario implica un riesgo en los territorios donde el crimen organizado mantiene disputas.

En esa misma línea, la situación actual resulta aún más alarmante: la extorsión se ha consolidado como uno de los delitos más extendidos en el país. En diversas regiones, los grupos criminales imponen su control sobre la vida cotidiana, determinan qué productos de la canasta básica pueden comercializarse, regulan el transporte e incluso condicionan el acceso a servicios esenciales como el agua. En los escenarios más extremos, como en Michoacán, la violencia ha alcanzado niveles aterradores. Cárteles como el Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los Caballeros Templarios han recurrido a la siembra de minas terrestres en caminos rurales, utilizando el terror como instrumento para someter territorios y extorsionar a los campesinos.

Apatzingán, Michoacán, se ha convertido en un símbolo de esta escalada: la guerra entre cárteles en la Tierra Caliente ha llegado a un nuevo y devastador nivel de brutalidad, adoptando tácticas propias de conflictos bélicos internacionales. Un reportaje de investigación por Animal Político documentó una realidad estremecedora: grupos del crimen organizado están colocando minas antipersonales y artefactos explosivos improvisados en caminos de terracería, con el objetivo de someter y controlar a las comunidades.

La violencia no se limita a Michoacán. Sinaloa lleva más de un año sumido en una guerra interna que comenzó el 9 de septiembre de 2024, cuando se intensificó la disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos. Desde entonces, el estado ha experimentado una crisis de seguridad que ha transformado la vida cotidiana y la economía local.

Desde la sociedad civil, México Evalúa, mediante su reporte de violencia y pacificación correspondiente al periodo enero-octubre de 2025, muestra que la estadística nacional de violencia letal, considerada en su sumatoria ampliada presenta una reducción marginal del 5.7%. Aunque esta disminución puede interpretarse como un avance, en realidad se explica principalmente por las reducciones en homicidio doloso (–20.7%), homicidio culposo (–4.9%) y feminicidio (–17.7%). Sin embargo, esta aparente mejora se ve contrapesada por el incremento sostenido de otros indicadores que reflejan dinámicas menos visibles de violencia: los delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal aumentaron 4.7%, mientras que las personas desaparecidas y no localizadas crecieron en 15.1% en el mismo periodo.

Este comportamiento contrastante sugiere que, aunque la violencia letal visible parece disminuir, la violencia no letal, encubierta o de difícil clasificación continúa expandiéndose. La categoría de violencia letal ampliada, entendida como la sumatoria de cinco indicadores que funcionan como proxys para captar fenómenos ocultos y posibles subregistros, permite observar con mayor claridad estas dinámicas. De acuerdo con el reporte, el total nacional de víctimas asociadas a estos indicadores entre enero y octubre de 2025 fue de 63,134, lo que confirma que la reducción general sigue siendo marginal respecto al mismo periodo de 2024.

El reporte también advierte sobre contrastes relevantes en la evolución de los delitos. Mientras los homicidios y feminicidios muestran reducciones particularmente el homicidio doloso, los delitos graves que suelen funcionar como indicadores sustitutos exhiben aumentos consistentes. Este contraste refuerza la hipótesis de un desplazamiento hacia modalidades de violencia menos visibles o más difíciles de tipificar, además de la posible existencia de mecanismos institucionales de reclasificación. Un ejemplo ilustrativo proviene de la Ciudad de México, donde se registraron 714 víctimas de homicidio doloso, pero simultáneamente 1,037 víctimas de otros delitos contra la vida y 1,998 personas desaparecidas y no localizadas, lo que evidencia que los delitos alternativos superan ampliamente a los homicidios.

Las tendencias históricas demuestran que entre 2015 y 2025 respaldan esta interpretación: mientras el homicidio doloso creció 35.7% en ese periodo, los indicadores de violencia oculta muestran expansiones muchísimo mayores. Los otros delitos contra la vida y la integridad corporal aumentaron 358.0%, y las personas desaparecidas y no localizadas crecieron 268.6%, confirmando que la violencia menos visible es la que ha mostrado un crecimiento más acelerado y persistente.

La discusión sobre la violencia en México no puede limitarse a la descripción de los enfrentamientos armados o a la disputa territorial entre cárteles. Como señaló Armando Vargas coordinador del programa de Seguridad, en su intervención durante las “Jornadas para la Reducción de la Violencia Homicida”, el país enfrenta un problema más profundo: la forma en que se mide la violencia letal ha llegado a su límite. “No podemos atender lo que no conocemos”, advirtió, subrayando que los instrumentos actuales ya no permiten comprender ni explicar el fenómeno, y mucho menos diseñar políticas públicas eficaces.

Vargas señala que la realidad que hoy se construye sobre la violencia letal descansa en dos pilares problemáticos que distorsionan el diagnóstico. En primer lugar, sostiene que los datos oficiales han dejado de ser válidos. El indicador de homicidio doloso tradicionalmente el más sólido para estimar la magnitud de la violencia, pierde fiabilidad en un contexto donde las instituciones encargadas de producirlo operan bajo un marcado deterioro. Policías y fiscalías, al carecer de capacidad técnica, recursos o incluso voluntad institucional, no logran clasificar de manera adecuada los asesinatos. Así, un indicador que en otras latitudes funciona como base comparativa confiable, en México “hace agua” y deja de medir aquello que pretende medir.

En segundo lugar, Vargas advierte que el procesamiento técnico de los datos es incorrecto. No solo se emplean indicadores débiles, sino que además se combinan fuentes incompatibles —como las cifras de víctimas del Secretariado Ejecutivo con los datos de defunciones del INEGI— generando distorsiones que inflan o alteran artificialmente las tendencias. A esto se suma la práctica extendida de comparar años completos con períodos parciales, lo cual produce interpretaciones sesgadas que luego se utilizan para justificar políticas públicas.

Al cierre de 2025, esta discusión sobre el diagnóstico adquiere aún mayor relevancia en un contexto marcado por el aumento de la polarización política y la creciente preocupación social por la manipulación de datos en materia de seguridad. En un ambiente donde las cifras se disputan, reinterpretan o utilizan estratégicamente, la posibilidad de construir políticas basadas en evidencia se vuelve más frágil. Por ello, insistir en diagnósticos sólidos no es un ejercicio técnico aislado, sino una exigencia democrática: sin información válida, transparente y correctamente procesada, la política de seguridad se convierte en un terreno de especulación más que en un instrumento para la pacificación del país.