En las manifestaciones, como “medida de seguridad”, se emplean protocolos en los que elementos de seguridad ciudadana, mejor conocidos como policías, ayudan a contener actos vandálicos y de violencia; sin embargo, la represión ejercida por ellos ha sido visible en los sectores populares y transmitida en las redes sociodigitales, dando lugar a un repudio generalizado hacia la institución de seguridad.

Desde la vox populi, los elementos de seguridad son percibidos como “gandallas, canijos, ladrones”, entre otros adjetivos para describirlos. Incluso las formas de nombrarlos, como “cerdos”, “cochis”, “tiras”, “chotas”, “azules”, “perros” y “pitufos”, enmarcan una situación claramente peyorativa en su contra.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), que mide la eficiencia de los elementos de las instituciones de seguridad y se realiza cada año, arrojó en marzo de 2025 que los porcentajes de la población de 18 años y más que percibió su desempeño como muy o algo efectivo en la prevención y combate de la delincuencia fueron los siguientes: Marina, con 87.8%; Fuerza Aérea Mexicana, con 83.7%; Ejército, con 83.7%; Guardia Nacional, con 75.1%; policía estatal, con 55.4%; y policía preventiva municipal, con 48.1%.

Estos datos muestran que la policía enfrenta una de las tasas de desconfianza más altas del país. Es importante enfatizar que no se trata únicamente de una crítica o de un sentimiento de miedo hacia los elementos de seguridad, sino de un rechazo a su manera de operar y a la escasa interacción con la ciudadanía, percibida como uno de los principales problemas.

Cabe señalar que estas estadísticas se refieren exclusivamente al combate de la delincuencia y no a otras funciones. El Modelo Nacional de Policía, establecido por el Gobierno de México, describe que un elemento de seguridad debe mantener el orden y la seguridad, prevenir delitos, proteger a las personas y sus bienes, investigar delitos, responder a emergencias y trabajar en conjunto para ofrecer apoyo a las comunidades que lo necesiten.

No obstante, existen raíces históricas que fragmentan esta descripción y, por el contrario, generan una mala reputación. Un ejemplo es el caso del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien ocupó el cargo durante el sexenio de Felipe Calderón y fue sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico y delincuencia organizada en 2024. A esto se suma la falta de castigo ante delitos cometidos por agentes, como la extorsión o el abuso de autoridad.

El uso de cuerpos policiales suele generar una percepción de fuerza excesiva y poca cercanía con la comunidad. Esto se observa en manifestaciones de movimientos sociales como las del 2 de octubre, las protestas por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, la marcha de la Generación Z, las marchas de apoyo a Palestina, entre otras.

No se puede dejar de lado la práctica normalizada de “la mordida”, que legitima al policía no como un protector del cual se pueda depender, sino como alguien del que hay que protegerse. Este abuso de poder se coloca, en mi opinión, como la primera razón del rechazo hacia los elementos de seguridad.

Estamos frente a una falla sistémica que atraviesa las condiciones laborales de los agentes. Al ser también parte del pueblo y del sector obrero, enfrentan salarios precarizados que los incentivan a buscar ingresos extra mediante “mordidas” o ciertas “tranzas”. A ello se suma el estrés laboral, las jornadas extensas y las situaciones de alta adrenalina, así como la falta de apoyo psicológico, factores que impiden al agente desempeñar correctamente su trabajo.

Los programas de formación policial deberían concentrarse en un enfoque de derechos humanos, desarrollar una mayor proximidad con la comunidad y, sobre todo, priorizar la resolución de conflictos sin violencia, operando con calidad al servicio del ciudadano.

Por último, no se debe olvidar que el 5 de diciembre de 2018 desapareció el cuerpo de granaderos de la Ciudad de México, anunciado por la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Este cuerpo fue responsable de la represión estudiantil del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. No obstante, aún se observan agrupaciones similares a los granaderos en las manifestaciones actuales, lo que pone en duda si su erradicación fue realmente total.

Esto reafirmó que el repudio hacia la policía no es irracional, sino una respuesta lógica ante una institución históricamente fallida en su objetivo principal: proteger a las personas. Mientras un policía no sea percibido como alguien confiable, es urgente fortalecer el lazo entre ciudadanía y policía para construir un vínculo más efectivo. Esto implica mejorar el compromiso del cuerpo de seguridad mediante condiciones laborales dignas y avanzar hacia la construcción de instituciones y espacios de paz para una convivencia sana, estemos donde estemos y seamos quienes seamos. El sistema de seguridad ciudadana debe mejorar sí o sí; de lo contrario, seguirá siendo la misma gente pobre, con uniforme, golpeando a gente pobre con hambre, para beneficiar a gente rica, sin uniforme ni hambre.