BTS y ARMY: más que un fandom, una comunidad
Por: Marifer Lima
Un fenómeno global que une millones de vidas
Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán
El conflicto entre Israel y Palestina ha sido manipulado, en parte, como una disputa religiosa, en la cual el Estado israelí, amparado en la idea de la “Tierra Prometida” según las escrituras del Antiguo Testamento, justifica la expulsión, el despojo y la ocupación de territorio palestino. Esta visión teocrática ha sido adoptada y promovida por el sionismo político, especialmente por sus vertientes más extremas, que ven en la expansión territorial un mandato divino, no una cuestión diplomática.
Este proyecto colonial-religioso no solo se sostiene militar y políticamente, sino también económicamente, gracias al respaldo de múltiples empresas internacionales que se benefician del apartheid y la ocupación. Apoyan, de manera directa o indirecta, a un sistema que niega derechos humanos fundamentales en nombre de una narrativa de superioridad religiosa y destino divino.
A pesar del retiro militar directo de Gaza en 2005, Israel mantuvo un férreo control económico, lo que impidió el desarrollo de puertos, aeropuertos, redes de comercio y telecomunicaciones. Gaza fue convertida en una cárcel a cielo abierto, bloqueada por aire, mar y tierra, imposibilitando el flujo libre de bienes y personas.
Israel controla la importación de agua potable, energía eléctrica y materiales de construcción, lo cual convierte a la Franja en una zona dependiente, sin autonomía productiva. El bloqueo redujo el comercio exterior palestino a menos del 4% y destruyó su autosuficiencia agrícola.
Aunque el discurso religioso está presente, el sionismo político —origen del actual Estado de Israel— no fue originalmente un movimiento religioso, sino nacionalista. Incluso, a fines del siglo XIX, los líderes sionistas consideraron establecer un Estado judío en Uganda o Argentina, lo que confirma la prioridad territorial sobre la espiritual.
La ocupación de Palestina debe entenderse como un proyecto colonial de asentamiento. Desde la Nakba de 1948, más de 850 mil palestinos fueron desplazados y sus tierras confiscadas. La violencia en Cisjordania y Jerusalén Oriental, junto con el armamento de colonos israelíes, refuerzan esta lógica colonial y de limpieza étnica.
La represión hacia la causa palestina no se limita al ámbito territorial. En el plano internacional, organizaciones como Canary Mission han jugado un papel clave en la criminalización del activismo, particularmente en Estados Unidos y Europa. Esta plataforma recopila información sobre estudiantes, profesores, periodistas, organizaciones y activistas que expresan apoyo al pueblo palestino o critican las políticas del Estado de Israel, publicando sus datos personales con el objetivo de intimidarlos, sabotear sus oportunidades laborales y desacreditarlos socialmente; incluso llegando a remover visas a estudiantes internaciones o en el peor de los casos, de ser arrestados.
Canary Mission constituye un grave atentado a los principios fundamentales de la libertad de expresión, la democracia, los derechos humanos y el Derecho Internacional. Su accionar se enmarca en una lógica de vigilancia ideológica que recuerda prácticas propias de regímenes autoritarios, ya que inhibe la crítica legítima, académica o política mediante amenazas, difamación y persecución digital.
Organizaciones de derechos civiles como la American Civil Liberties Union (ACLU) y Human Rights Watch han denunciado estas prácticas como contrarias a los valores democráticos, y numerosos centros universitarios han expresado su preocupación por el clima de censura que se genera en los espacios académicos cuando se coarta el debate libre sobre Palestina e Israel.
Ante este panorama, se hace un llamado ético y político al boicot de estas empresas como medida de presión no violenta para terminar con la ocupación y las prácticas genocidas del Estado de Israel. Este llamado se enmarca dentro de la campaña global BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones), inspirada en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica y apoyada por organizaciones de derechos humanos, académicos, artistas y sindicatos en todo el mundo.
El boicot es una herramienta legítima de resistencia civil y representa una forma de solidaridad concreta con el pueblo palestino. Rechazar el consumo de productos que sostienen el régimen de ocupación envía un mensaje claro: los crímenes de guerra no serán financiados con nuestros recursos.
Por: Marifer Lima
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Una respuesta
Les agradecemos el texto, la reflexión y el poner al movimiento internacional de dirección palestina como una herramienta de solidaridad. Les dejamos nuestras redes para quienes quieran articularse y difundir, fortalezcamos el boicot económico estratégico de BDS, así como el boicot académico, cultural y deportivo. Es urgente que la UNAM rompa sus relaciones académicas con entidades sionistas y que saque de la UNAM a las empresas que se benefician de la ocupación, el apartheid y el genocidio.