Jurista con vocación social y amplia trayectoria en el servicio público. Irving Espinosa Betanzo es un jurista mexicano con más de 25 años de experiencia, comprometido con la justicia social y la transformación democrática del país; desde sus primeros años ha impulsado una visión alternativa del derecho, centrado en la garantía de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho. Fue Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, donde presidió la Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas (Anticorrupción) de la Sala Superior. Actualmente es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su experiencia profesional abarca cargos estratégicos en los tres poderes: en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del entonces Gobierno del Distrito Federal se desempeñó como Subdirector de Trámites Inmobiliarios y Jefe de Unidad Departamental de Expropiaciones y Desincorporación (2000-2008); Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo Social en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y asesor parlamentario en la Cámara de Diputados. En la Procuraduría General de Justicia de la CDMX fue Subprocurador Jurídico, de Planeación, Coordinación Institucional y de Derechos Humanos (2018-2019) y desde hace seis años es Magistrado. Tras la elección del Poder Judicial 2025 fue electo como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es Licenciado y Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), también es Especialista y Maestro en Gestión Pública para la Buena Administración y candidato a Doctor en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Además de su labor jurisdiccional, se ha desempeñado como docente en la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, el Instituto Rosario Castellanos y el Instituto de Especialización y Formación Profesional de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. Forma parte de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, desde donde promueve los derechos humanos y el acceso igualitario a la justicia. Su trayectoria se distingue por la ética, el rigor técnico y un profundo sentido de responsabilidad pública, con una visión centrada en la justicia social y cercana a la ciudadanía, la perspectiva de derechos humanos y el combate a la corrupción.